Observatorio

El estudio de Cash Essentials ‘Más allá de los pagos’ analiza el papel del efectivo y su dimensión social, destacando cuatro características esenciales: su universalidad, la confianza que genera, su eficacia y la interconexión con las personas.

Diferentes administraciones públicas toman partido en la implantación de medidas que fomenten la presencia de cajeros automáticos en aquellas zonas donde están desapareciendo

Un estudio de la OCU sobre los servicios financieros en el mundo rural pone de manifiesto la necesidad de que administraciones públicas y entidades bancarias establezcan soluciones físicas para evitar la exclusión financiera y garantizar el acceso al efectivo a los consumidores, especialmente a los más vulnerables.

El Consejo de Pagos Minoristas del Euro (ERPB) insta a revisar la evolución del efectivo para que siga siendo un medio de pago inclusivo, eficiente y sostenible para los consumidores.

El continuo cierre de sucursales ha aumentado la vulnerabilidad en ciertos municipios y áreas del país. Las oficinas de Correos, los establecimientos comerciales, las administraciones de loterías y los estancos pueden ser soluciones alternativas para asegurar la disponibilidad de dinero líquido a la población que más lo utiliza.

Para el Instituto Coordenadas, el límite establecido en España para los pagos en efectivo en la ley de lucha contra el fraude fiscal discrepa frontalmente con la política de la UE, que establece un límite de 10.000 €. Los analistas recuerdan que es necesario armonizar las medidas a nivel europeo y que el fraude no se genera con el efectivo sino a través de ciberdelitos.

En 2020 el dinero físico se utilizó casi el doble que el dinero gastado en el comercio electrónico en España,X pese a los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia del coronavirus, lo que supone que se mantuvo un “alto grado” de manejo y uso ordinario.

El estudio de la Universidad de Zaragoza pone en evidencia que el dinero en efectivo es el método de pago más utilizado en zonas despobladas, especialmente en algunas provincias de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Galicia, por lo que garantizar su acceso es fundamental para mantener su supervivencia.

Las denuncias sobre estafas relacionadas con pagos digitales suponen un 88 % del total de los ciberdelitos registrados y un 10% de las denuncias totales recibidas por cualquier causa, un incremento del 135% en 3 años.