El escrutinio del Ministerio de Consumo no se queda en Airbnb y los pisos turísticos. El área dirigida por Pablo Bustinduy también ha puesto bajo la lupa a los establecimientos y comercios que se niegan a aceptar pagos en efectivo, una práctica que la ley prohíbe salvo en operaciones que superen los límites establecidos para prevenir el fraude fiscal.
Según ha podido saber EL MUNDO a través de una resolución del Portal de Transparencia, el rechazo a cobrar en efectivo ya ha provocado sanciones en los dos últimos años. En 2024, Consumo cerró tres expedientes por este motivo, además de otros cinco en los que el incumplimiento iba acompañado de prácticas comerciales desleales o cláusulas abusivas en los contratos. En lo que va de 2025, ya se han dictado dos sanciones más por no aceptar efectivo, junto a otras multas por mala atención al cliente o por prácticas poco transparentes.
La norma es clara: todo negocio debe aceptar pagos en metálico siempre que no se superen los límites fijados para prevenir el fraude fiscal. Ignorar esta obligación puede salir caro: las multas oscilan entre 150 y 10.000 euros en las infracciones leves, y pueden alcanzar los 100.000 euros en los casos más graves.
La obligación de aceptar efectivo sigue vigente para cualquier negocio que opere de cara al público. Sin embargo, tras la pandemia, el impulso de los pagos con tarjeta y métodos digitales ha hecho que algunos comercios vean esta exigencia como innecesaria o anticuada. Según las últimas estadísticas sobre pagos del Banco de España, el número de operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentó un 10,5% en el segundo semestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023. De ellos, el 65,5% se realizan con tarjeta, que alcanzaron los 6.133 millones de operaciones en el semestre. Además, aunque el número de tarjetas crece -aumentó un 12,4% en el citado periodo y hay ya 114 millones de tarjetas de pago en el país, 2,2 por habitante-, el de cajeros descendió un 1,6%.
Según un informe de Nuek, la división de pagos de Minsait, solo el 20% de los españoles elige el efectivo como su medio de pago preferido, un dato que, pese a su descenso, sigue situando a España por encima de la media europea. En Reino Unido, apenas el 10% opta por monedas y billetes, y en Portugal, el porcentaje cae al 8%. No obstante, el mismo estudio indica que un 48% de los consumidores españoles se ha encontrado alguna vez con problemas para usar su método de pago preferido, ya sea por comercios que no aceptan tarjeta o, al contrario, que rechazan el efectivo.
En España, la asociación más activa a la hora de notificar posibles establecimientos infractores de la normativa en cuanto a aceptar efectivo es Plataforma Denaria. En su última comunicación, la entidad había recibido 94 denuncias de entidades que no aceptaban este tipo de pagos. De estas denuncias, casi la mitad iban dirigidas a distintas ramas de la Administración Pública.
Expedientes judicializados
Otro elemento al que EL MUNDO ha tenido acceso a través de transparencia es el número de expedientes que se encuentran judicializados en este momento por recursos, como los que han interpuesto, por ejemplo, las aerolíneas de bajo coste. En concreto, Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea recurrieron ante la Audiencia Nacional las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo en noviembre de 2024 —por prácticas como cobrar por el equipaje de mano o asignar asientos contiguos a cambio de un suplemento— lo que llevó sus expedientes a la vía judicial. Algunas de estas multas están temporalmente suspendidas por medidas cautelares mientras se resuelven los recursos, y recientemente se ha abierto un sexto expediente contra otra aerolínea "low cost", aún en fase administrativa y pendiente de posible judicialización. Además, hay otros recursos de entidades consideradas los "némesis" de Bustinduy.
Prácticamente todas las resoluciones del Ministerio han sufrido recursos de alzada o contenciosos, concretamente 26 de las 30 sanciones que el departamento había impuesto al momento de resolver esta petición habían terminado en una instancia superior.
Con todo, el Ministerio aún no conoce lo que es perder un pleito, ya que ninguna se ha resuelto de forma desfavorable. En 17, la entidad ha obtenido un resultado favorable y diez siguen pendientes de veredicto.
Fuente: El Mundo
