Hoy, 28 de mayo, ha entrado ya en vigor la reforma de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto-Ley 24/2021), por la cual todos los establecimientos deben aceptar de manera obligatoria pagos en dinero en efectivo, como forma de garantizar el derecho de libre elección de los consumidores de cualquier forma de pago.

En caso de que un establecimiento se niegue a aceptar efectivo, dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal, será motivo de sanción.

Durante la jornada ‘El acceso al efectivo, un derecho universal y barrera frente a la exclusión financiera’, organizado recientemente por la Plataforma Denaria, Bibiana Medialdea, directora General de Consumo (Ministerio de Consumo) puso en valor esta normativa.

Nacida con el objetivo de asegurar la protección de los colectivos o consumidores vulnerables, con esta reforma “queda garantizado el uso del efectivo, como un elemento fundamental para blindar sus derechos”, afirmó.

Además, Medialdea destacó que el derecho de los consumidores a disponer de efectivo incluye dos ejes de trabajo: por un lado, la posibilidad de usar este método de pago y, por otro, la capacidad de poder acceder al mismo.