La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) comparte las consideraciones del dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre la ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que ve “desproporcionado” el límite impuesto a los pagos en efectivo.

La OCU recuerda que, a juicio del BCE, el dinero en efectivo facilita la “inclusión en la economía del conjunto de la población” y es un medio de pago esencial para determinados colectivos: “el dinero en efectivo es fundamental para usuarios de la tercera edad, los inmigrantes, los discapacitados, los ciudadanos socialmente vulnerables y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales”.

Así, el organismo en representación de los derechos de los consumidores recuerda que “poner límites demasiado exigentes al uso de dinero en efectivo puede fomentar la exclusión financiera de esas personas o colectivos”.

De este modo, insisten en la necesidad de actuar para evitar la exclusión financiera de una parte importante de la población y, para ello, creen preciso “garantizar el acceso de todos los usuarios a los servicios bancarios, manteniendo una infraestructura física viable que incluya servicios bancarios esenciales”. También solicitan que el acceso al efectivo sea considerado como un “Servicio Universal, al que debe tener derecho toda la población”.