El Banco Central Europeo ha emitido un dictamen sobre la ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en el que considera “desproporcionado” reducir a 1.000 euros el límite de los pagos en efectivo en las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional.

La legislación en España restringe el uso de efectivo a 2.500 euros para las operaciones entre particulares y a 1.000 euros para las ejecutadas entre empresas o profesionales, y lo amplía hasta los 10.000 euros en aquellas en las que intervengan no residentes fiscales. En su dictamen califica de desmedidos estos límites que, según apunta, discriminan a los pagos hechos por residentes. También considera excesivo el procedimiento sancionador que establece una multa “desproporcionadamente elevada” del 25 % del importe pagado.

El banco central recuerda que la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya fija un límite de 10.000 euros en el uso del dinero en efectivo y, por lo tanto, la ley española debería establecer un umbral proporcionado para la limitación de los pagos en efectivo.

Asimismo, en su valoración advierte de que la ley en España no aborda el riesgo de exclusión financiera de reducir sustancialmente el “ya bajo límite existente de 2.500 euros”. Y recuerda que el efectivo es esencial para muchos grupos sociales que por “razones legítimas prefieren utilizar el efectivo”, así como un medio fundamental para la inclusión financiera para personas de tercera edad, inmigrantes, discapacitados, ciudadanos socialmente vulnerables o cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales”.