El Gobierno ha dado un nuevo paso en el control de los movimientos de efectivo con la aprobación, el pasado 28 de julio, de un Anteproyecto de Ley, todavía en fase de tramitación. La propuesta plantea una reforma integral del marco español de prevención del blanqueo de capitales y sustituiría la actual Ley 10/2010.

El efectivo ya está sometido a diferentes mecanismos de control en España. Por ejemplo, los pagos en efectivo están limitados a 1.000 euros cuando interviene un empresario o profesional, mientras que las entidades financieras deben informar a la Administración tributaria sobre determinadas operaciones en efectivo superiores a 3.000 euros, como las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de documentos en metálico. Además, el transporte de 10.000 euros o más al entrar o salir de España está sujeto a declaración previa, con información sobre la cantidad transportada, su origen y destino, así como el recorrido y otros datos relativos a los fondos.

El nuevo anteproyecto pretende profundizar en este marco de prevención, reforzando el control de los movimientos de efectivo y adoptando un enfoque basado en el riesgo ante las nuevas amenazas y vulnerabilidades del sistema financiero. También amplía el ámbito de los sujetos obligados, refuerza las funciones de supervisión, inspección y sanción y contempla la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), que concentraría determinadas funciones actualmente repartidas entre distintos organismos.

El objetivo es mejorar la capacidad de las autoridades para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas, aumentando la trazabilidad de determinados movimientos de dinero. Sin embargo, la transformación del sistema financiero hace que el debate vaya más allá del efectivo: cada vez existen más formas de transferir valor y no todas están sometidas a los mismos mecanismos de control.

Los activos digitales son un ejemplo de esta transformación. Según TRM Labs, las stablecoins representaron el 30% de todo el volumen de transacciones de criptoactivos on-chain entre enero y julio de 2025, superando los 4 billones de dólares de volumen durante ese periodo y registrando un crecimiento del 83% respecto al mismo periodo del año anterior. Su creciente utilización muestra cómo determinadas formas digitales de valor han dejado de ocupar un espacio marginal dentro del sistema de transacciones.

Este crecimiento también tiene su reflejo en las actividades ilícitas. Según Chainalysis, las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas de criptoactivos identificado en 2025.

El análisis de TRM Labs permite dimensionar esta actividad. La firma estima que las entidades ilícitas recibieron aproximadamente 141.000 millones de dólares a través de wallets de stablecoins en 2025. Sin embargo, esta cifra estuvo fuertemente condicionada por determinados flujos: 72.000 millones de dólares estaban vinculados al token A7A5, asociado a redes relacionadas con la evasión de sanciones. La concentración de una parte importante de estos flujos en determinados activos y redes muestra también que el riesgo no se distribuye de manera uniforme entre las distintas formas de activos digitales.

Las nuevas formas de transferir valor tampoco están al margen de la regulación. En la Unión Europea, el Reglamento MiCA establece un marco específico para determinados criptoactivos y sus emisores, mientras que el Reglamento (UE) 2023/1113 establece requisitos de información para determinadas transferencias de criptoactivos cuando intervienen proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en la Unión. Por tanto, la cuestión no es que estos nuevos instrumentos carezcan de regulación, sino que los mecanismos de supervisión aplicables son diferentes de los establecidos para el efectivo.

Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando se comparan las distintas formas de transferir valor. Mientras que transportar 10.000 euros o más en efectivo al entrar o salir de la Unión Europea requiere una declaración previa, no existe un procedimiento fronterizo equivalente para trasladar un valor similar mediante determinados activos digitales. Al mismo tiempo, las transferencias realizadas a través de proveedores regulados están sujetas a obligaciones específicas de información y trazabilidad.

El efectivo, por tanto, ya cuenta con un amplio conjunto de mecanismos específicos de control, mientras que el sistema financiero incorpora nuevas formas de transferir valor que adquieren una importancia creciente tanto en la actividad económica legítima como, en determinados casos, en los flujos ilícitos.

La cuestión no es si todas estas formas de valor deberían estar sometidas exactamente a las mismas reglas, sino si los mecanismos de supervisión están evolucionando al mismo ritmo que las formas en las que puede moverse el dinero.

Bibliografía: