Observatorio
Un nuevo marco para garantizar el acceso al efectivo
El Gobierno de Australia ha presentado un proyecto legislativo destinado a reforzar el sistema nacional de distribución de efectivo y asegurar que ciudadanos y empresas puedan seguir accediendo al dinero físico en todo el país.
La iniciativa otorga nuevas competencias al Banco de la Reserva de Australia (RBA) y a la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), con el objetivo de garantizar un sistema de distribución “justo, fiable y resiliente”.
Principales objetivos de la iniciativa
El nuevo Cash Distribution Framework busca garantizar que el efectivo siga siendo accesible, operativo y resiliente en Australia, incluso en un contexto de creciente digitalización de los pagos. Para ello, la normativa pretende asegurar la continuidad de los servicios críticos de distribución de efectivo, reforzar la transparencia y equidad en las relaciones comerciales del sector y establecer estándares mínimos de servicio para las infraestructuras consideradas esenciales. Asimismo, el marco busca mejorar la capacidad de respuesta ante crisis, interrupciones operativas o emergencias.
Control en la distribución de efectivo
El proyecto permitirá a la ACCC supervisar precios, condiciones comerciales y estándares mínimos de servicio relacionados con los servicios críticos de distribución de efectivo y el acceso a instalaciones esenciales.
Además, el Banco de la Reserva de Australia contará con nuevas facultades para actuar ante interrupciones importantes en el suministro de efectivo, especialmente durante emergencias o fallos operativos. La nueva normativa también obligará a los proveedores designados a mantener negociaciones transparentes y justas con clientes y operadores del sector.
El efectivo en Australia
Aunque los pagos digitales continúan creciendo, el Gobierno australiano insiste en que el efectivo sigue siendo fundamental para muchos ciudadanos, especialmente en comunidades locales y entre los colectivos más vulnerables.
Las autoridades también destacan que el dinero físico desempeña un papel clave como respaldo durante apagones, desastres naturales o interrupciones tecnológicas.
Según datos del Banco de la Reserva de Australia, alrededor del 15% de los pagos presenciales todavía se realizan en efectivo y cerca de la mitad de los australianos utiliza efectivo al menos una vez por semana.
Consulta pública y apoyo del sector
La reforma fue elaborada tras un proceso de consulta pública realizado entre julio y agosto de 2025 por el Consejo de Reguladores Financieros (CFR) y la ACCC.
Durante la consulta se recibieron cerca de 1.200 aportaciones de ciudadanos apoyando la protección del acceso al efectivo, además de propuestas de bancos, empresas de transporte de valores y asociaciones.
El director ejecutivo de la Asociación Bancaria Australiana (ABA), Simon Birmingham, respaldó el proyecto y calificó la regulación como una “red de seguridad importante” para garantizar la continuidad del efectivo en la economía australiana.
Bibliografía
The Treasury Australia. (2026). Cash Distribution Framework Bill 2026 consultation.