Observatorio
1. Introducción: ¿Qué es el euro digital?
El euro digital es una moneda digital emitida por el Banco Central Europeo (BCE), equivalente en valor al efectivo y accesible para todos los ciudadanos de la zona euro a través de billeteras digitales o "wallets" facilitadas por intermediarios financieros autorizados. Su emisión no tiene como objetivo aumentar la base monetaria, sino sustituir parte del dinero en circulación, especialmente el efectivo.
A diferencia del efectivo, será accesible solo a través de intermediarios y con ciertas limitaciones, como un saldo máximo por usuario.
Este proyecto nace como respuesta a una serie de presiones. Por un lado, la irrupción de monedas digitales privadas, como la fallida Libra de Facebook (hoy Diem), alertó a los bancos centrales sobre un posible riesgo de pérdida de soberanía monetaria frente a actores tecnológicos con proyección global. Por otro lado, el auge de otros criptoactivos y la creciente digitalización de la economía —acelerada por la pandemia de COVID-19— reforzaron la necesidad de crear una infraestructura de pagos pública, segura y paneuropea. Así, el euro digital ha sido planteado no solo como una respuesta a amenazas externas, sino como un instrumento para reforzar la autonomía estratégica de la eurozona.
En este contexto, otra justificación ha sido la disminución del uso del efectivo. En este sentido, los datos muestran una realidad más matizada. Hasta 2015, el efectivo crecía a un ritmo superior al del PIB nominal de la zona euro, estabilizándose desde entonces en torno al 4% del PIB. Con la irrupción de la pandemia, y debido tanto a la expansión monetaria como a la fuerte caída del PIB nominal, el efectivo aumentó abruptamente hasta alcanzar el 5% del PIB en junio de 2020. Tras la salida de la emergencia sanitaria, el nivel de efectivo se estabilizó brevemente en torno al 4,7% del PIB antes de volver a situarse en torno al 4%, su nivel tendencial previo. Por tanto, no se puede hablar de un retroceso significativo del efectivo, sino más bien de una estabilización que resiste, incluso, a políticas restrictivas.
Este comportamiento es llamativo si se considera que desde 2014 se han introducido restricciones al uso de billetes de alta denominación, en especial el de 500 euros. La segunda serie de billetes de euro, lanzada en 2013, excluyó esta denominación, y desde 2019 el BCE dejó de emitir nuevos billetes de 500, aunque siguen siendo de curso legal. Aun así, estas restricciones no se han traducido en una caída proporcional del volumen total de efectivo en circulación, como muestran los datos oficiales, lo que sugiere que el efectivo continúa teniendo un papel relevante como reserva de valor, medio de pago y pilar de la libertad económica.
Al mismo tiempo, otro de los grandes vectores de presión para el euro digital proviene del ecosistema tecnológico de pagos dominado por grandes plataformas y sus correspondientes comisiones. Según Piero Cipollone, las redes internacionales de tarjetas representan cerca de dos tercios (64%) de todas las transacciones electrónicas con tarjetas emitidas en la zona euro y trece de los veinte países de la zona euro dependen exclusivamente de ellas debido a la ausencia de una red nacional de tarjetas. Es probable que la cuota de mercado de las redes internacionales de tarjetas de débito siga creciendo, ya que incluso las redes nacionales más grandes están perdiendo cuota de mercado.
La entrada de las grandes tecnológicas en el sector de los pagos genera riesgos adicionales, ya que podrían aprovechar su posición dominante en los mercados vecinos y sus ecosistemas cerrados. Una dependencia excesiva de proveedores no europeos hace que nuestros sistemas de pagos y financieros sean más vulnerables a perturbaciones externas. Las alternativas europeas mejorarían la resiliencia de la eurozona y del Mercado Único ante dichas perturbaciones.
Esta capacidad de las bigtech (en su mayor parte actores no europeos) para controlar grandes porciones del mercado de pagos, sin estar sometidas al mismo marco regulatorio que las entidades bancarias tradicionales, representa una amenaza directa al control de los bancos centrales sobre los sistemas monetarios nacionales y regionales, lo que ha generado preocupaciones sobre autonomía estratégica y dependencia tecnológica, especialmente en el entorno geopolítico actual. Ahora que los riesgos geopolíticos, como los recientes bloqueos financieros derivados de conflictos como el de Rusia, han demostrado la vulnerabilidad de las economías, contar con una infraestructura de pagos digital y soberana podría aportar una capa adicional de resiliencia. Esto ha llevado a las autoridades europeas a buscar un instrumento soberano que garantice autonomía en pagos digitales, compitiendo con redes como Visa o Mastercard.
Así, el euro digital se presenta como alternativa pública frente a las grandes tecnológicas y medios de pago extranjeros, ofreciendo acceso universal a dinero digital del banco central en formato digital.
Este objetivo, sin embargo, plantea desafíos relevantes: lograr un equilibrio entre eficiencia, escalabilidad y experiencia de usuario, al tiempo que se preservan principios fundamentales como la privacidad, la libertad de elección y la estabilidad del sistema financiero.
2. Fundamentos del euro digital
2.1 Justificación política e institucional
Desde noviembre de 2023, el Banco Central Europeo ha entrado en la fase de preparación del euro digital, con vistas a una posible implementación a partir de 2026. Con todo ello, las diferentes fuentes consultadas apuntan a que los ciudadanos no podrán disfrutar del euro digital hasta 2027 o 2028.
La fase actual de desarrollo del euro digital ofrece una oportunidad clave para reflexionar sobre sus implicaciones estructurales más allá de su función como medio de pago. Su eventual implementación supone una transformación significativa del ecosistema monetario europeo, cuyas implicaciones sobre la privacidad, soberanía monetaria, estabilidad financiera y coexistencia con el efectivo requieren un análisis riguroso y equilibrado.
Según el ex miembro del comité ejecutivo del BCE, Fabio Panetta, poder pagar digitalmente es una necesidad básica para la gente en la economía moderna, y el euro digital es una forma de asegurarse del papel del dinero público como un ancla monetaria en la era digital, asegurando que un euro es un euro en cualquiera de las formas que pueda adoptar y donde sea que uno vaya, al tiempo que cementa la confianza de la gente en nuestra divisa.
Según el BCE, el euro digital es necesario para garantizar la autonomía estratégica de Europa en el ámbito de los pagos digitales, frente a la creciente dependencia de proveedores no europeos como Visa, Mastercard o grandes tecnológicas, lo que socava la resiliencia y compromete la soberanía monetaria europea[1]. Además, el BCE argumenta que un euro digital podría reforzar la soberanía monetaria europea si los pagos digitales actuales fueran interrumpidos por motivos geopolíticos o comerciales. El euro digital ofrecería una solución paneuropea de pagos, disponible en toda la zona del euro, sujeta a la gobernanza europea[2]. Por tanto, el euro digital podría contribuir a reducir la dependencia de Europa de proveedores de pagos privados no europeos, al tiempo que actuaría como contrapeso a su posición dominante en el mercado. A su vez, el euro digital haría que el panorama de pagos europeo fuera más competitivo e innovador, proporcionando una plataforma que permitiría a los proveedores de servicios de pago ofrecer soluciones paneuropeas propias.
No obstante, aunque el BCE será el emisor, el diseño prevé que los ciudadanos accedan al euro digital a través de intermediarios (bancos y entidades supervisadas), lo que obliga a mantener una arquitectura dependiente del sector financiero.
2.2 Funciones, arquitectura, límites de saldo y gobernanza
Desde noviembre de 2023, el proyecto del euro digital ha entrado en una fase de preparación, en la que se están estableciendo las bases para su posible lanzamiento. En esta etapa, se está avanzando en la elaboración de las normas operativas y seleccionando los proveedores que, llegado el caso, desarrollarán la plataforma e infraestructura necesarias para su implementación. Además, se está consultando con el mercado y se están realizando pruebas y experimentos para asegurarse de que el euro digital cumpla con las necesidades de los usuarios y los requisitos del Eurosistema.
El banco central asegura que el euro digital permitirá realizar pagos entre particulares, en los puntos de venta, en comercio electrónico y en trámites con las Administraciones Públicas, un compendio de usos que ningún otro medio de pago ofrece a día de hoy. El usuario, en lugar de tener ese dinero depositado en un banco comercial, lo tendrá con el propio BCE.
Para cubrir todos los espectros y tratar de llegar al mayor número de ciudadanos posible, el BCE trabaja en el desarrollo de un modo online y offline. En la modalidad online, su uso será más similar al del dinero bancario, con un nivel de privacidad limitado y con terceros validando y liquidando las operaciones. Por el contrario, a nivel offline, el usuario podrá hacer pagos sólo en proximidad, pero con el nivel de privacidad que tiene el dinero en efectivo.
Por otro lado, el banco central ha confirmado que dejará en los bancos privados la responsabilidad sobre la mayoría de los pasos y procesos relacionados con el euro digital, convirtiéndoles en un intermediario indispensable y calmando los miedos de inestabilidad y reemplazo de su papel en el sector financiero.
La Comisión Europea, en su propuesta legislativa, establece un tope para las tasas que las entidades podrán imponer a los comercios por utilizar sus servicios para cobrar a clientes con euros digitales, y estas "no deberán ser mayores que aquellas que se imponen por otros medios de pago privados que resulten comparables", como, por ejemplo, los cobros con tarjeta de crédito.
Además, las comisiones tampoco podrán superar los costes incurridos por los bancos para proveer estos servicios, contemplando dentro de ellos "un margen o beneficio razonable".
Para los pagos entre particulares, sobre los que no se cobrará ningún tipo de tasa, la Comisión propone crear un esquema dentro del sistema que valore estas transacciones y proporcione la compensación adecuada a la banca por sus servicios.
Al igual que para la producción y emisión de los billetes, el Eurosistema asumiría los costes de establecimiento del esquema y la infraestructura del euro digital.
La definición legal del euro digital, sus limitaciones de saldo (3.000 €), y la estructura de supervisión, plantean preguntas relevantes en torno a su diseño operativo, en particular en lo relativo a la protección de datos personales y a la delimitación clara de competencias entre los distintos actores institucionales.
Una de las cuestiones más controvertidas del diseño jurídico del euro digital es el límite máximo de tenencia por ciudadano. Aunque la propuesta actual del BCE contempla un umbral de entre 1.000 y 3.000 euros por usuario, se ha señalado que fijar ese límite en 1.000 euros tiene como objetivo principal garantizar la trazabilidad de los pagos y evitar su uso para actividades ilícitas o para la evasión del sistema bancario. Esta decisión plantea interrogantes sobre la autonomía de los Estados miembros para definir sus propias políticas de umbral de tenencia, especialmente en contextos con distinta estructura bancaria o grado de digitalización. Si bien una limitación homogénea puede favorecer la estabilidad del sistema, también puede generar tensiones con los principios de subsidiariedad y flexibilidad regulatoria que rigen la gobernanza económica europea.
3. Modelos internacionales y riesgos geoestratégicos
3.1 Modelo chino (CBCB centralizada)
El desarrollo de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) no es exclusivo de Europa. En un contexto marcado por la transformación financiera global y la digitalización, China ha redoblado sus esfuerzos para promover el yuan digital como una alternativa al dólar estadounidense y las criptomonedas descentralizadas.
En China, el yuan digital (e-CNY) se encuentra ya en una fase avanzada de implementación. Desde 2019, se ha probado en diversas ciudades y actualmente se utiliza para pagar salarios públicos, impuestos y préstamos. En 2023, el Banco Industrial y Comercial de China reportó más de 15 millones de billeteras abiertas por personas físicas y más de 1,3 millones por empresas. Asimismo, se estima que más de 2,7 millones de comercios adoptaron esta moneda en 2023.[1]
A pesar del impulso, el proyecto enfrenta importantes desafíos. Uno de ellos es la limitada convertibilidad del yuan debido a los controles de capital impuestos por el gobierno chino. Además, existen dudas sobre la interoperabilidad entre monedas digitales de bancos centrales (CBDCs), la resistencia institucional de países aún dependientes del dólar y los riesgos de ciberseguridad asociados a plataformas blockchain. Su arquitectura es altamente centralizada, permitiendo al Banco Popular de China una trazabilidad completa de las transacciones y el control directo sobre el comportamiento financiero de los usuarios.
A mediados de 2024, el gobierno chino lanzó una emisión de más de un billón de yuanes (aproximadamente 130.000 millones de euros) en bonos soberanos a largo plazo[2].El Gobierno central comenzará lanzando bonos a 30 años, a lo que se unirán después bonos a 20 y a 50 años.
Además, China ha desarrollado el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS - Cross-Border Interbank Payment System) como una alternativa al sistema occidental SWIFT, con el objetivo de fomentar pagos transfronterizos directos en yuanes y reducir la dependencia de presiones financieras externas, ofreciendo a los miembros de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) una alternativa al dólar estadounidense ante las sanciones unilaterales y la dominancia del dólar en el comercio internacional.
En 2023, el CIPS procesó más de 123 billones de yuanes (17 billones de dólares), conectando a más de 1.600 instituciones financieras en más de 100 países. A marzo de 2025, el 48% de los pagos transfronterizos de China ya se realizaban en yuanes, superando al dólar estadounidense en volumen, aunque a escala global el yuan apenas representa el 2,3% de las transacciones.
Este giro estratégico del gigante asiático supone una remodelación de la arquitectura financiera mundial que podría transformar la dinámica del comercio internacional y desafía la hegemonía del dólar estadounidense en el sistema global.
3.2 EE.UU: Rechazo del dólar digital e impulso de stablecoins
Por el contrario, Estados Unidos ha ralentizado de forma significativa el desarrollo de su propio dólar digital. Aunque la Reserva Federal ha explorado el concepto mediante investigaciones y programas piloto, como el sistema de pagos instantáneos “FedNow”, ha evitado comprometerse con una moneda digital de banco central (CBDC) como tal. Las razones son múltiples: en primer lugar, una fuerte resistencia política y social ante el riesgo de control estatal del dinero electrónico. En segundo lugar, se cuestiona la necesidad estructural de una CBDC en una economía con un sistema bancario profundamente desarrollado, una infraestructura de pagos eficiente y una alta penetración de servicios financieros privados.
El punto de inflexión llegó en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe explícitamente al Gobierno federal emitir una moneda digital. En sus palabras, iniciativas como el dólar digital "amenazan la estabilidad del sistema financiero, la privacidad individual y la soberanía de Estados Unidos". Sin embargo, esta misma orden ejecutiva promueve el uso y desarrollo de stablecoins vinculadas al dólar estadounidense.
En junio de 2025, las stablecoins han superado la barrera de los 250.000 millones de dólares de capitalización, unos 219.000 millones de euros[3], cifra que supera la suma del valor en Bolsa de dos de las tres mayores empresas del Ibex, Santander (105.000 millones de euros) e Iberdrola (104.000 millones).
El auge de las stablecoins es fruto, sobre todo, de tether. La mayor de las criptomonedas estables supera los 150.000 millones de dólares de capitalización. USDC, la segunda mayor del segmento, alcanza los 61.000 millones de dólares de valoración.
Las stablecoins han recibido todo un impulso legislativo por parte de la Administración Trump. A finales de mayo el Senado de EEUU impulsó la Ley Genius, la propuesta para fijar la regulación de las stablecoins, y en junio fue aprobada por el Senado de Estados Unidos, fijando oficialmente el primer marco legal a nivel nacional para las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense.
Estas monedas estables, emitidas por entidades privadas, han ganado una presencia abrumadora en los mercados globales: en la actualidad, según los datos de CoinGecko, el dólar es el activo de referencia en el 98% de los 250.000 millones de capitalización que suman las criptomonedas estables. Este fenómeno no solo refuerza la hegemonía del dólar en los pagos internacionales, sino que ha suscitado una creciente preocupación en las instituciones europeas.
3.3 El euro digital en perspectiva global
En comparativa, el escenario de demanda media del BCE estima una emisión del euro digital de 125.000 millones de euros (según el Occasional Paper 360 “Consumer attitudes towards a central bank digital currency”[4]), lo que pone de manifiesto que no se trata de una alternativa europea a las stablecoins. Tanto el presidente del BCE, Piero Cipollone, como Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, insisten en que el euro digital es la “piedra angular” de la autonomía europea en pagos. El vicepresidente del BCE, Piero Cipollone, alertó el 15 de mayo de 2025 en el evento del Foro de Pagos de Francia «El euro digital y el futuro de los pagos en Europa», que “las medidas adoptadas por la nueva Administración estadounidense para promover los criptoactivos y las monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses plantean inquietudes sobre la estabilidad financiera y la autonomía estratégica de Europa”.
Cipollone incluso advierte sobre la amenaza de las stablecoins en dólares, que podrían provocar una fuga de depósitos hacia Estados Unidos y debilitar la soberanía monetaria europea. Según Cipollone, es clave que el euro digital esté sustentado por una infraestructura pública robusta que permita liquidar transacciones con dinero del banco central pero también admite que, de no ser así, “corremos el riesgo de que sean las monedas estables o los depósitos tokenizados quienes ocupen ese espacio, reintroduciendo riesgos crediticios y fragmentación”.
En resumen, el contraste internacional es significativo:
- China avanza con una CBDC centralizada y vinculada a su estrategia de internacionalización del yuan.
- Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, bloquea el desarrollo de una CBDC pública, pero apuesta decididamente por las stablecoins privadas como instrumento de expansión del dólar.
- Europa, por su parte, se posiciona en un término medio: consciente de los riesgos geopolíticos y de dependencia externa, impulsa el euro digital como un proyecto de autonomía estratégica, diseñado para salvaguardar la estabilidad financiera, estimular la innovación y construir una infraestructura paneuropea que refuerce la soberanía monetaria frente a amenazas tecnológicas y extranjeras.
4. Implicaciones macroeconómicas y sociales del euro digital
4.1 Tendencia a la sustitución parcial del efectivo: evidencias técnicas
El BCE y el Banco de España han reiterado que el euro digital coexistirá con el efectivo, sin reemplazarlo.
No obstante, un riesgo implícito con la implantación del euro digital es una sustitución progresiva del efectivo, especialmente si se desincentiva su uso con medidas regulatorias o fiscales, como ocurre en la actualidad con: el límite de 1.000 euros para pagos en efectivo —muy por debajo de los 10.000 euros establecidos por la reciente Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales—, restricciones fiscales y normativas que penalizan el pago en metálico, y el incumplimiento sistemático por parte de algunos comercios de la obligación legal de aceptarlo.
Aunque desde el BCE se asegura que el efectivo no desaparecerá, su informe Occasional Paper 360[5] “Consumer attitudes towards a central bank digital currency” analiza cómo la introducción de CBDC disponibles para los hogares puede afectar el balance, la rentabilidad, los riesgos financieros y el capital de un banco central. En este documento, el BCE reconoce explícitamente que el euro digital podría implicar una sustitución de billetes en circulación. De cada 10 euros digitales emitidos, se retirarían 5 en efectivo y 3 en depósitos bancarios.
Los escenarios de impacto sobre el efectivo que plantea el informe son:
- Demanda baja (30.000 M€): pérdida de 15.000 M€ en billetes.
- Demanda media (125.000 M€): pérdida de 62.500 M€ en billetes.
- Demanda alta (512.000 M€): pérdida de 256.000 M€ en billetes.
Esto afectaría directamente a los 400.000 M€ en efectivo utilizados hoy para pagos dentro de la zona euro. En un contexto de caída del uso de efectivo en puntos de venta, el impacto sería aún mayor.
Como advirtió María José Lupiáñez, directora de Efectivo del Banco de España, “el euro digital convivirá con el efectivo, pero siempre que existan mecanismos normativos y técnicos que lo garanticen”.
Además, si el euro digital sustituye depósitos, el BCE tendrá que expandir su balance comprando activos o concediendo crédito a bancos. Esto podría aumentar los riesgos de mercado o crédito, pero según el informe, se pueden mitigar con los marcos de gestión existentes.
4.2 Riesgos para la intermediación bancaria y la estabilidad financiera
La implementación del euro digital podría tener efectos relevantes sobre el sistema de intermediación bancaria, así como sobre la financiación de la economía real, especialmente si se produce una reasignación significativa de depósitos hacia esta nueva forma de dinero público.
Si el euro digital se configura como depósito remunerado, podría competir con la banca tradicional y afectar su capacidad de captar fondos. El euro digital, aunque limitado en saldo a 3.000 €, puede provocar salidas de depósitos de la banca tradicional, forzando al BCE a aumentar su balance con activos de mayor riesgo. Esto afecta la capacidad de financiación del sistema bancario y su rentabilidad. A largo plazo, esto puede generar un círculo vicioso en el que el BCE se vea obligado a asumir más funciones de asignación de crédito, comprometiendo su independencia operativa.
El diseño previsto compromete seriamente la confidencialidad de los pagos. Aunque se han anunciado garantías de privacidad "equivalentes al efectivo", el hecho de que todas las transacciones digitales de ciudadanos estén bajo observación potencial amenaza la confianza en el sistema monetario.
Además, el euro digital podría acentuar la brecha entre quienes tienen acceso a herramientas digitales y quienes no. La alfabetización financiera y digital será clave, pero sigue siendo baja en amplios sectores sociales. La desertificación financiera y la falta de infraestructura digital podrían dejar a muchos ciudadanos fuera del sistema si el euro digital no se diseña con accesibilidad universal como principio rector.
Un precedente a tener en cuenta sobre los riesgos de imponer monedas digitales sin el respaldo del consentimiento ciudadano es el caso de Nigeria[6]. Allí, el lanzamiento de la eNaira —la primera moneda digital de banco central en África— fue acompañado de una fuerte presión gubernamental para que los ciudadanos adoptaran esta nueva forma de dinero[7]. Se incentivó el uso forzoso del eNaira sin que existiera confianza suficiente por parte de la población y el resultado fue un fuerte rechazo social: a pesar del impulso oficial, la mayoría de los ciudadanos optaron por no utilizar la eNaira, que en muchos casos fue percibida como una imposición estatal más que como una herramienta útil. A esta situación se sumaron problemas de ciberseguridad, pérdida de valor de la moneda y caída en los depósitos bancarios. Según un informe de Bloomberg, menos del 0.5% de los 217 millones de nigerianos utilizaban la moneda digital emitida por el gobierno -la eNaira- un año después de su lanzamiento, y la moneda digital se devaluó alrededor de seis veces desde 2015[8].
Un patrón similar se observó en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele convirtió el bitcoin en moneda de curso legal en 2021, obligando a los comercios a aceptarlo. La medida, aplaudida inicialmente por sectores tecnófilos, generó rechazo popular, desconfianza y protestas[9]. Finalmente, en enero de 2025, el gobierno retiró el estatus obligatorio del bitcoin ante la baja aceptación ciudadana y la presión económica[10].
Ambos casos muestran cómo una transformación monetaria mal diseñada o percibida como obligatoria puede fracturar la confianza en el sistema financiero. Por ello, el euro digital debe permanecer como una opción voluntaria, jamás impuesta. Convertirlo en la única vía de pago o imponer su uso mediante incentivos asimétricos pondría en riesgo la legitimidad de todo el ecosistema monetario europeo.
4.3 Impacto sobre la función social del efectivo
Tal y como decía Piero Cipollone en febrero de 2024, el efectivo y el euro digital comparten el mismo objetivo: garantizar que todas las personas, independientemente de sus ingresos, puedan pagar en cualquier situación de la vida diaria. Este es un derecho fundamental y debe protegerse por igual en toda la eurozona, y por tanto, la implantación del euro digital no debería tener efectos negativos sobre el efectivo.
El efectivo desempeña un papel clave como instrumento inclusivo, especialmente en zonas rurales o para colectivos con menor acceso digital. Por ello, el diseño del euro digital debería partir del principio de complementariedad y asegurar que ningún grupo social quede desplazado en la transición hacia modelos digitales, garantizando que los ciudadanos mantengan la posibilidad de elegir el medio de pago que mejor se adapte a sus necesidades.
Los mayores riesgos del euro digital se concentran en su potencial para erosionar el papel social del efectivo. Las zonas rurales, las personas mayores y quienes carecen de acceso digital quedarían en situación de vulnerabilidad si el efectivo pierde terreno. La brecha digital se amplificaría si no se establece como principio rector la accesibilidad universal, tanto en infraestructuras como en educación financiera.
1,6 millones de personas en España no tienen acceso a una sucursal bancaria. El euro digital, en su configuración actual, no ofrece garantías suficientes de accesibilidad universal, especialmente en zonas rurales y para personas mayores[11], según la directora de Efectivo del Banco de España, María José Lupiáñez.
Además, el euro digital plantea desafíos en cuanto a la privacidad de las transacciones, aunque se está trabajando en un diseño que permita cierto nivel de anonimato. El efectivo sigue siendo la única herramienta verdaderamente anónima y accesible universalmente, especialmente para mayores y zonas rurales.
En este contexto, resulta fundamental que el marco jurídico que sustenta el euro digital se complemente con garantías normativas efectivas para el mantenimiento y la distribución del efectivo, a fin de evitar desequilibrios regulatorios que comprometan su función como medio de pago de curso legal y como pilar de inclusión económica, ya que a día de hoy no hay medidas coercitivas reales que aseguren su aceptación, ni obligaciones de distribución efectiva por parte de los bancos.
4.4 Confianza ciudadana y privacidad
El proyecto del euro digital ha sido impulsado mayoritariamente desde una lógica institucional, tecnológica y estratégica, más que desde un debate público amplio y plural.
El respaldo ciudadano al euro digital es, a día de hoy, limitado y condicionado, tal y como reflejan encuestas recientes del BCE, lo que demuestra una gran brecha entre las prioridades institucionales y las preocupaciones del público.
El Working Paper 3035 “Consumer attitudes towards a central bank digital currency” del BCE explora actitudes de forma cualitativa a través de grupos focales en once países de la zona euro. Este informe expone que:
- El 14 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno del BCE anunció el inicio de la fase de investigación del proyecto del euro digital. Según los datos del CES recopilados entonces, aproximadamente el 9 % de los encuestados había oído hablar del euro digital (véase Ehrmann et al., 2021). En la encuesta de agosto de 2022, solo alrededor del 18 % de los consumidores habían oído hablar sobre el euro digital, mientras que esta proporción aumentó a aproximadamente un tercio diez meses después (junio de 2023). Con el tiempo, este significativo aumento del conocimiento entre los consumidores de la zona euro también es coherente con las iniciativas de comunicación del BCE para informar al público sobre los planes para evaluar y, en última instancia, implementar esta nueva forma de pagos digitales. En consonancia con esta tendencia, el conocimiento del euro digital aumentó aún más en marzo de 2024, hasta alcanzar aproximadamente el 40 %.
- Cuando son preguntados sobre su probabilidad de adoptar el euro digital para cualquiera de los cuatro usos específicos siguientes: compras diarias, pagos en línea, transacciones entre particulares o como depósito de nóminas, alrededor del 45 % de los encuestados declaró que adoptaría (para al menos uno de los cuatro usos posibles) en junio de 2023, aunque se sitúa por debajo de la proporción de hogares que poseen una cuenta bancaria o de ahorros (97 % según el CES de noviembre de 2024). En cualquier caso, la propensión a adoptar el euro digital se mantuvo prácticamente sin cambios entre junio de 2023 y marzo de 2024. Por tanto, la comunicación del BCE aumenta marginalmente la intención de uso, pero solo entre usuarios más educados o familiarizados con conceptos financieros.
- En relación a un escenario de asignación de cartera donde se pregunta a los encuestados cómo invertirían una ganancia inesperada de 10.000 € en diferentes clases de activos en los que además de las clases de activos habituales (p. ej., efectivo, cuentas bancarias, acciones, etc.), y entre ellos, el euro digital. Alrededor del 27% de los consumidores del grupo de control asignarían, al menos parte de los 10.000 € de ganancia inesperada a un euro digital (es decir, el margen extensivo). A modo de comparación, las tasas de propiedad de efectivo y cuentas bancarias son del 55% y el 82%, En cuanto a las cuotas de cartera promedio y categoría de activo, la asignación prevista hacia el euro digital es de alrededor del 5,1% en promedio y no parece desplazar significativamente a otras categorías de activos. En todo caso, al ofrecerles la opción del euro digital, los encuestados, en conjunto, asignarían una fracción relativamente menor a efectivo físico (es decir, su sustituto más cercano) y una fracción relativamente mayor a cuentas corrientes y de ahorro. Si, en cambio, se analizan las cuotas de cartera condicionales (es decir, entre aquellos que asignarían parte de su dinero a
- En relación con los límites de saldo, los resultados muestran que cambios entre 1.000 € y 10.000 € no modifican significativamente el comportamiento de los usuarios. Los consumidores no se ven atraídos por un euro digital simplemente porque se amplíe el saldo disponible.
- A pesar de los esfuerzos de comunicación, una proporción considerable de consumidores expresó una fuerte preferencia por los métodos de pago existentes, como el efectivo y las tarjetas bancarias. Esta resistencia se atribuye a la persistencia de hábitos de pago y a la falta de familiaridad con las nuevas tecnologías.
Hasta el momento, el interés ciudadano por el euro digital ha sido limitado, lo que sugiere la necesidad de un esfuerzo adicional en términos de comunicación, educación financiera y diálogo público.
5. Conclusiones
5.1 Riesgos estructurales y desafíos de su implementación
- El marco jurídico en desarrollo para el euro digital destaca por su nivel de detalle y solidez. Este esfuerzo normativo evidencia una asimetría normativa: el dinero digital público contará con una arquitectura legal cada vez más definida, mientras que el dinero físico —el efectivo— permanece desprotegido, sin garantías reales de acceso, distribución ni mantenimiento.
- Esta asimetría regulatoria amenaza con convertir en obsoleta, por omisión, una de las formas de dinero público más accesibles, inclusivas y resilientes. Mientras el euro digital contará con obligaciones legales claras para su aceptación y distribución, el efectivo se mantiene bajo un régimen jurídico difuso, sin una ley que establezca un responsable institucional concreto encargado de velar por su disponibilidad en todo el territorio. En la práctica, esto lo expone a una lenta erosión funcional: no se ha establecido un marco coercitivo que obligue a mantener una infraestructura y a bancos o comercios a garantizar su aceptación real, más allá de principios declarativos.
- Desde una perspectiva sistémica, la entrada en escena del euro digital también puede alterar el equilibrio entre el Banco Central Europeo y el sistema bancario comercial. La posibilidad de que los ciudadanos transfieran parte de sus depósitos al BCE, aun con límites de saldo, tensiona el rol tradicional de los bancos como intermediarios financieros y puede debilitar su capacidad de canalizar crédito hacia la economía real. Si se materializa una fuga significativa de depósitos, el BCE se vería obligado a intervenir directamente en el mercado, expandiendo su balance con activos más arriesgados y asumiendo funciones propias del sistema financiero privado. Esta dinámica, lejos de fortalecer la resiliencia del sistema, podría concentrar riesgos y reducir la independencia operativa del banco central, en nombre de una autonomía estratégica mal entendida: una que se logra a costa de recentralizar el poder en vez de distribuirlo de forma eficiente y plural.
- Por otro lado, el diseño actual del euro digital —al limitar su función como depósito y restringir el anonimato— no resuelve los problemas estructurales del sistema monetario, pero sí introduce vulnerabilidades nuevas. Lejos de garantizar un equilibrio entre eficiencia, innovación y derechos fundamentales, esta nueva forma de dinero podría debilitar el papel del efectivo como garantía última de inclusión, privacidad y libertad de elección.
- En términos de diseño institucional, introducir una moneda digital pública que elimina el anonimato rompe con una tradición jurídica y social profundamente arraigada: la del dinero público como instrumento de libertad individual. Europa corre el riesgo de debilitar su marco de derechos fundamentales en nombre de la modernización monetaria. Sustituir este derecho por soluciones tecnológicas sujetas a trazabilidad, aunque parcial, implica redefinir el contrato social entre ciudadanos e instituciones monetarias.
5.2 Cuestiones a resolver
La implementación del euro digital conlleva transformaciones relevantes en el marco jurídico del dinero público en Europa, por lo que resulta esencial ampliar los espacios de consulta pública e incorporar una perspectiva inclusiva y plural al debate. Su éxito no dependerá únicamente del diseño tecnológico o institucional, sino también de la confianza que logre generar entre la ciudadanía.
En este sentido, preservar el derecho a utilizar efectivo, en un marco de igualdad de condiciones, debe entenderse como un elemento central para garantizar que ningún colectivo quede excluido de la transición digital. Una estrategia equilibrada requiere salvaguardar la privacidad de las transacciones como un derecho fundamental, especialmente en un contexto donde el efectivo continúa siendo el único medio de pago verdaderamente anónimo y universalmente accesible.
Diversos estudios del propio BCE reflejan que la intención de uso del euro digital sigue siendo limitada, incluso tras recibir información institucional favorable, lo que evidencia la necesidad de reforzar las campañas de comunicación, educación financiera y transparencia. El riesgo de que esta nueva herramienta sea adoptada solo por una minoría altamente digitalizada puede comprometer sus objetivos de inclusión y resiliencia.
Por ello, se recomienda que el diseño e implementación del euro digital contemple garantías jurídicas y técnicas robustas, tanto en materia de privacidad como en relación con la coexistencia con el efectivo. Esta complementariedad no puede quedar sujeta únicamente a declaraciones políticas, sino que debe traducirse en medidas operativas que aseguren su acceso, aceptación y distribución en condiciones equitativas.
En definitiva, el euro digital representa una oportunidad para construir una infraestructura de pagos moderna y estratégicamente autónoma. No obstante, para que esta innovación sea socialmente sostenible y ampliamente aceptada, debe respetar el principio de neutralidad tecnológica, proteger la libertad de elección de los ciudadanos y reforzar —en lugar de debilitar— los pilares ya existentes del sistema monetario europeo, como es el caso del efectivo.
5.3 Posicionamiento de Denaria
La Comisión Europea presentó en junio de 2023 el paquete de la moneda única: dos propuestas legislativas para proteger el efectivo y establecer un marco jurídico sólido para el euro digital, buscando que ambas formas de dinero público convivan de manera equilibrada y complementaria.
Este paquete incluye:
- Una propuesta legislativa sobre el curso legal del efectivo en euros para salvaguardar el papel del efectivo. Esta propuesta defiende que los Estados miembros deberán garantizar la aceptación generalizada de los pagos en efectivo, así como un acceso suficiente y efectivo al mismo y deberán supervisar e informar sobre la situación y adoptar medidas para abordar cualquier problema detectado. También establece que la Comisión podría intervenir para especificar medidas si es necesario, pero no establece cuales.
- Una propuesta legislativa por la que se establece el marco jurídico para un posible euro digital como complemento de los billetes y monedas en euros, con curso legal y aceptación obligatoria. Determina que el euro digital será gratuito para los ciudadanos, podrá usarse tanto online como offline, y estará disponible en toda la eurozona, que su distribución se realizará a través de intermediarios financieros, como bancos y proveedores de servicios de pago. También establece que el euro digital será complementario al efectivo, no un sustituto, ofreciendo una forma adicional de pagar en moneda del banco central.
Aunque el comunicado oficial declara que se protegerá el uso del efectivo, no detalla qué medidas concretas se adoptarán para garantizar su acceso, distribución o aceptación efectiva en la práctica.
En contraste, el euro digital ya se propone con un marco legal detallado y avanzado: define quién lo emitirá, cómo se distribuirá, qué derechos tendrán los usuarios y qué responsabilidades asumirán los intermediarios.
Esta diferencia revela una asimetría regulatoria importante:
- El euro digital contará con una infraestructura obligatoria, operadores responsables y obligaciones jurídicas claras.
- El efectivo, aunque declarado de curso legal, sigue sin un sistema legal equivalente que imponga su aceptación o su provisión obligatoria por parte de bancos o comercios.
En resumen, mientras el euro digital avanza con un soporte legal robusto, el efectivo se queda en un terreno declarativo, sin garantías operativas reales, lo que puede conducir a una erosión silenciosa de su presencia como forma de dinero público accesible, especialmente si no se corrige esta desigualdad normativa.
No obstante, la cuestión del curso legal del euro digital aún requiere una reforma del Tratado de Funcionamiento de la UE, pues hoy solo los billetes tienen ese estatus.
Además, con la introducción del euro digital el BCE deberá asumir costes operativos significativos derivados de la infraestructura tecnológica, temas de seguridad, prevención de fraude y campañas informativas. Sin embargo, la participación prevista de conglomerados de empresas tecnológicas y financieras en la implementación plantea interrogantes sobre la verdadera neutralidad y soberanía del sistema de pagos digital.
Desde Denaria demandamos que la legislación del euro digital incluya garantías explícitas sobre el mantenimiento del efectivo como moneda de curso legal y se refuercen los mecanismos para asegurar su acceso en todo el territorio.
En este sentido, el reglamento europeo establece el estatus del dinero en efectivo como moneda de curso legal. Sin embargo, las propuestas legislativas actuales no garantizan una convivencia equilibrada entre el efectivo y el euro digital. Denaria advierte que se está favoreciendo al euro digital mediante un marco normativo más sólido, lo que puede llevar a una discriminación del efectivo y a su progresiva desaparición.
Para Denaria, siendo la regulación del curso legal del efectivo un reconocimiento formal destinado a asegurar su aceptación obligatoria como medio de pago, este reconocimiento no va acompañado de medidas coercitivas que aseguren su aceptación, tal y como va a ocurrir con el euro digital, cuyo ordenamiento jurídico está ligado a su distribución, acceso y uso. Para Denaria, el esquema legal que protege el efectivo debería establecer de forma más clara la obligatoriedad de aceptación del euro físico minimizando las excepciones a acuerdos bilaterales pactados efectivamente.
En este sentido, para Denaria es claramente insuficiente que los EEMM únicamente se vean obligados a intervenir con medidas correctoras cuando el nivel de no aceptación de pagos en efectivo socave el principio de aceptación obligatoria. Si no se establecen urgentemente medidas legislativas de protección que fortalezcan significativamente el estatus de moneda de curso legal del efectivo en euros, y éstas no se aplican efectivamente, las economías de la eurozona y sus ciudadanos podrían perder la infraestructura de dinero público del Banco Central, lo que podría traducirse en una pérdida de un método de pago establecido, confiable, resiliente y ampliamente adoptado, tal y como vienen reflejando diferentes encuestas.
En este sentido, Denaria, a diferencia de lo que hace la Propuesta de la Comisión, considera fundamental la existencia de una simetría regulatoria en relación con el sistema de distribución de dinero público en cualquiera de sus formas, de tal forma que existan unas obligaciones para los bancos comerciales que permitan asegurar la distribución del efectivo en condiciones de igualdad.
Finalmente, Denaria entiende que una de las grandes ausencias del paquete legislativo es la consideración del efectivo como respaldo del sistema monetario, en la medida en que el euro digital, como cualquier otro elemento sujeto al funcionamiento de redes y sistemas electrónicos, comparte vulnerabilidades similares en el universo digital; la consideración del efectivo como elemento relevante en términos de seguridad geopolítica debería garantizarse mediante medidas que no están contempladas en el paquete legislativo de la Comisión.
Como resumen, Denaria considera que la propuesta legislativa de la Comisión Europea refuerza el marco del dinero digital público, lo que plantea el reto de asegurar una simetría regulatoria que preserve de forma efectiva el estatus y el acceso al dinero en efectivo como parte esencial del ecosistema monetario europeo. Si se pretende garantizar la pervivencia del dinero en efectivo y el digital deben implantarse medidas concretas para que todos los ciudadanos europeos tengan acceso al efectivo en igualdad de oportunidades.
Tal y como dijo Lagarde el pasado mayo, para que el euro aumente su estatus global, la historia nos dice que tenemos que construir sobre tres fundaciones, cada una de ellas crítica para el éxito. En primer lugar, Europa debe garantizar que tiene una base geopolítica sólida y creíble manteniendo un firme compromiso con el comercio abierto y su apoyo con capacidades de seguridad.
En segundo lugar, debemos reforzar nuestra base económica para hacer de Europa un destino de primer orden para el capital mundial, posibilitado por mercados de capitales más profundos y líquidos.
En tercer lugar, debemos reforzar nuestra base jurídica defendiendo el Estado de Derecho y uniendo políticamente para que podamos resistir las presiones externas.
[1] https://www.funcas.es/odf/yuan-digital-ahora-salarios-y-mas-pagos/
[2] https://cincodias.elpais.com/mercados-financieros/2024-05-13/china-se-lanza-a-una-emision-de-mas-de-130000-millones-de-euros-en-deuda-a-largo-plazo.html
[3] https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2025/06/03/683eb732468aebce3b8b4589.html
[4] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op360~35915b25bd.en.pdf
[5] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op360~35915b25bd.en.pdf
[6] https://www.funcas.es/odf/enaria-primera-cbdc-de-africa/
[7] https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/11/15/na111621-five-observations-on-nigerias-central-bank-digital-currency
[8] https://es.cointelegraph.com/news/nigerians-passion-for-crypto-is-stopping-short-at-the-enaira
[9] https://elpais.com/america/2025-01-30/bukele-da-marcha-atras-y-retira-al-bitcoin-la-condicion-de-moneda-legal-en-el-salvador.html
[10] https://www.bbc.com/mundo/articles/c4gpv776zd0o
[11] https://efe.com/economia/2025-03-26/euro-digital-convivira-fisico-segun-directora-efectivo-banco-espana/
[1] https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2025/html/ecb.sp250408~40820747ef.es.html
[2] https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/faqs/html/ecb.faq_digital_euro.es.html