Observatorio
La creciente inestabilidad geopolítica ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión: la fragilidad de nuestros sistemas económicos y financieros. Episodios recientes, como la escalada de tensiones en Oriente Medio, con implicaciones directas sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, evidencian hasta qué punto los conflictos internacionales pueden alterar el funcionamiento cotidiano de nuestras sociedades.
El caso de Irán es especialmente ilustrativo. En pleno contexto de guerra y bajo una presión económica sostenida, el país ha tenido que emitir un nuevo billete de 10 millones de riales, la mayor denominación de su historia, para hacer frente a una inflación desbordada y a una creciente demanda de efectivo. Las imágenes de ciudadanos haciendo largas colas en cajeros automáticos reflejan una realidad recurrente en escenarios de crisis: cuando aumenta la incertidumbre, la población busca refugio en el dinero físico.
Los ataques a infraestructuras críticas, incluyendo entidades bancarias, y las interrupciones en los sistemas electrónicos han reforzado el temor a que los medios de pago digitales puedan dejar de funcionar. No obstante, incluso en economías avanzadas sin contextos bélicos, la dependencia tecnológica introduce nuevas vulnerabilidades.
La respuesta institucional: hacia una resiliencia estructural
En Europa, la preocupación por la resiliencia de los sistemas esenciales ha ido ganando peso en la agenda política. En España, el Gobierno ha dado un paso significativo con la aprobación de un nuevo marco normativo orientado a reforzar la protección y resiliencia de las infraestructuras críticas.
La aprobación de esta nueva ley: “Ley de Protección y resiliencia de las infraestructuras críticas”, supone un cambio de paradigma: ya no se trata únicamente de proteger instalaciones físicas, sino de garantizar la capacidad de las entidades para prevenir, resistir, responder y recuperarse ante cualquier tipo de incidente, ya sea de origen natural, tecnológico o humano.
Un nuevo enfoque ante riesgos
La creación de una Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia, junto con una Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos, refleja una visión más amplia y adaptada a un entorno caracterizado por la interdependencia y la complejidad.
El diseño de la transposición de la Directiva (UE) 2022/2557, incluye planes nacionales, sectoriales y específicos por entidad, así como la obligación de notificar incidentes en plazos muy reducidos. Todo esto evidencia que la resiliencia ya no es una opción, sino una necesidad estructural a nivel europeo.
El papel del efectivo en la seguridad y autonomía
Es precisamente en este punto donde el debate sobre el efectivo cobra una relevancia estratégica.
Tal y como ha explicado Javier Rupérez, presidente de Plataforma Denaria, en declaraciones a El Confidencial, los fallos en el suministro eléctrico, los ataques cibernéticos o las interrupciones en las comunicaciones no son escenarios hipotéticos, sino realidades cada vez más frecuentes. En este entorno, los sistemas de pago digitales plantean interrogantes en términos de dependencia, seguridad y autonomía. El efectivo, por el contrario, presenta características únicas: funciona sin necesidad de intermediarios tecnológicos, garantiza la privacidad de los usuarios y permite mantener la actividad económica incluso cuando el resto de los sistemas fallan. No es casualidad que, en situaciones de crisis como la pandemia, la guerra en Ucrania o el apagón en España, Francia y Portugal de 2025, se produjera un aumento significativo en la retirada de dinero en efectivo.
Es por ello que distintos países europeos y la propia Comisión Europea han comenzado a recomendar a los ciudadanos mantener reservas de efectivo como parte de sus kits de emergencia, junto con bienes básicos como agua o medicamentos.
El efectivo como pilar de la resiliencia
En este contexto, la tramitación en España de la Ley de protección y resiliencia de las entidades críticas representa una oportunidad clave. No solo para reforzar la seguridad de las infraestructuras esenciales, sino también para integrar el efectivo como un elemento central dentro de la arquitectura de resiliencia del país.
Porque, en última instancia, la cuestión de fondo no es tecnológica, sino estratégica: cómo garantizar que, en un entorno de creciente incertidumbre.
Al igual que se pretende que los ciudadanos puedan seguir accediendo a los recursos básicos que sostienen su vida cotidiana, el efectivo debería considerarse como una pieza fundamental en la construcción de sociedades más resilientes, capaces de responder ante crisis que, como estamos viendo, ya no son excepcionales, sino parte del nuevo contexto global.
Bibliografía
Javier Rupérez (2026, 11 de abril). Efectivo y resiliencia, una cuestión de Estado. El Confidencial.
