Jul, 2026

Descuentos, comisiones y crédito

Las tarjetas de crédito se han convertido en mucho más que un instrumento de pago. Además de permitir realizar compras, muchas entidades financieras ofrecen descuentos con puntos para vuelos, acceso a salas VIP, para restaurantes, noches de hotel y otras ventajas comerciales.

Estos descuentos también conocidos como programas de fidelización constituyen uno de los principales elementos de competencia entre emisores de tarjetas. Sin embargo, detrás de estos beneficios existe un modelo económico basado, en parte, en las comisiones que se generan cada vez que un consumidor realiza un pago con tarjeta.

El coste de los descuentos y el impacto sobre consumidores y comercios

Cuando un cliente paga con tarjeta, el comercio abona una comisión (interchange fee). Esta comisión forma parte del sistema de pagos electrónicos y remunera a los distintos operadores que intervienen en la transacción, entre ellos el banco emisor de la tarjeta, las redes de pago y las entidades operadoras. Parte de estos ingresos permite financiar servicios como pueden ser la prevención del fraude, la gestión de la infraestructura de pagos y, también, los programas de fidelización o descuentos asociados a muchas tarjetas de crédito.

Según el Nilson Report, las comisiones abonadas por los comercios en Estados Unidos alcanzaron los 198.000 millones de dólares en 2025, un 70 % más que en 2019. De acuerdo con el estudio citado por NBC News, las tarjetas premium representan una parte creciente del mercado. En 2022 concentraban el 60 % del volumen de las operaciones con tarjeta de crédito, frente al 15 % registrado en 2006. Estas tarjetas suelen incorporar descuentos y mayores beneficios para el consumidor y, a su vez, también aplican las comisiones más elevadas para los comercios.

Los programas de fidelización plantean una reflexión interesante: ¿quién financia realmente los descuentos y beneficios asociados a las tarjetas de crédito? Un estudio de la Harvard Business School, recogido por NBC News, estima que parte de ese coste termina repercutiendo sobre el conjunto de los consumidores y cifra esta redistribución en 30.000 millones de dólares anuales. Sus autores sostienen que quienes utilizan tarjetas con puntos recuperan parte de ese coste mediante estos beneficios, mientras que quienes pagan con otros instrumentos no reciben esas compensaciones.

La posición de las entidades financieras

En este contexto, el estado de Illinois, en EEUU, ha aprobado una normativa que podría marcar un punto de inflexión en el debate. La ley, cuya entrada en vigor fue el 1 de julio, prohíbe aplicar comisiones sobre las cantidades correspondientes a impuestos y propinas.

Actualmente, cuando un consumidor paga la cuenta o el importe con tarjeta, la comisión suele calcularse sobre el importe total de la operación. Esto implica que los comercios también pagan tasas sobre cantidades que posteriormente deben transferir a la administración pública o entregar a sus empleados.

Los defensores de la medida consideran que esta práctica carece de sentido, ya que los negocios están asumiendo costes sobre dinero que o bien los consumidores deciden dejar como propina o son impuestos vinculados con la administración.

Por otro lado, los promotores de la reforma, según cita The Wall Street Journal, sostienen que la medida permitirá aliviar parte de la presión económica que soportan miles de establecimientos.

Fuente: The Wall Street Journal

Un debate sobre el reparto de los costes

La evolución de los programas de fidelización, el crecimiento de las comisiones y las distintas propuestas regulatorias han reabierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de pagos.

Mientras algunos análisis, cómo el mencionado con anterioridad, ponen el foco en el impacto que las comisiones pueden tener sobre los comercios y sobre determinados perfiles de consumidores, mientras que las entidades financieras subrayan el papel que desempeñan estas mismas comisiones en el mantenimiento de la infraestructura de pagos, los servicios de seguridad y el acceso al crédito.

En este contexto, el debate gira en torno a cómo distribuir los costes de un sistema del que participan y se benefician consumidores, comercios, entidades financieras y operadores de pago,  y por otro cómo conseguir un equilibrio entre incentivar la innovación en los medios de pago y al mismo  garantizar un funcionamiento eficiente, no excluyente y accesible para todos los actores implicados.

Bibliografía

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