Un reconocimiento meramente formal de la moneda de curso legal es insuficiente: debe ser exigible en la práctica.

Si la aceptación se debilita mediante restricciones indirectas, o si el acceso a la infraestructura de efectivo continúa disminuyendo, el efectivo corre el riesgo de convertirse en algo teórico en lugar de utilizable.

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Madrid, 19 de junio de 2026. En una fase decisiva de las negociaciones en el Parlamento Europeo sobre el Reglamento propuesto relativo a la moneda de curso legal de los billetes y monedas de euro para asegurar su aceptación en los comercios y la suficiente accesibilidad para el conjunto de la ciudadanía —la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) tiene previsto votar el mandato negociador de la cámara en sus reuniones de los días 22 y 23 de junio en Bruselas—, Denaria considera que el efectivo solo puede funcionar como moneda de curso legal si se acepta en la práctica y si su acceso es fiable. Con carácter previo a dicha votación, la plataforma ha remitido cartas a los parlamentarios españoles y europeos en las que expone su posición sobre el texto en tramitación.

Para Denaria, un reconocimiento meramente formal de la moneda de curso legal es insuficiente. Si la aceptación se debilita mediante restricciones indirectas, o si el acceso a la infraestructura de efectivo continúa disminuyendo, el efectivo corre el riesgo de convertirse en algo teórico en lugar de utilizable.

El objetivo de Denaria es que el Reglamento proteja el efectivo como un elemento funcional del sistema de pagos europeo, y no solo como un principio jurídico.

De la declaración de principios a la asignación de obligaciones

Desde esta perspectiva, la posición de Denaria parte de una clara asignación de responsabilidades: las entidades de crédito deben asumir la responsabilidad principal de garantizar el acceso al efectivo, mientras que el ecosistema del efectivo en general debe ser reconocido como un actor de apoyo y no estar sujeto a obligaciones regulatorias desproporcionadas.

En el marco del debate que se celebrará en el Parlamento Europeo durante la semana del 23 de junio, y a través de las cartas remitidas a los parlamentarios españoles y europeos, Denaria traslada a la cámara cinco prioridades que considera que deben quedar recogidas expresamente en el texto del Reglamento:

1. Salvaguardar la aceptación real del efectivo sin exclusiones adicionales, como pueden ser los puntos de venta no tripulados —parkings automáticos, máquinas expendedoras, taquillas, puntos de recarga eléctrica—, que con frecuencia operan como monopolios de facto en su ubicación y donde el efectivo queda excluido por diseño. La imposibilidad técnica no puede alegarse como justificación: las máquinas expendedoras aceptaron monedas y billetes durante décadas, y existen sistemas combinados que integran ambas modalidades de pago.

El curso legal puede verse socavado no solo por rechazos directos, sino también por cláusulas contractuales, prácticas comerciales o decisiones de diseño de infraestructura que desalientan indirectamente el uso del efectivo. Por lo tanto, el Reglamento debe garantizar que la libertad de elección de pago de los consumidores siga siendo real y exigible en la práctica.

2. Garantizar el acceso efectivo al efectivo mediante la obligación de las entidades de crédito de mantener una red de distribución mínima de cajeros automáticos y sucursales bancarias, garantizando que los servicios básicos de retirada de efectivo sigan estando disponibles y sean gratuitos para sus clientes. En este sentido, Denaria ha estimado que, para el caso de España, garantizar el acceso al efectivo en España cuesta entre 4,8 y 25,6 millones de euros, una cantidad notablemente inferior al 3% de lo que supone el coste de una única jornada de disrupción digital.

3. Supervisión y aplicación efectivas por parte de los Estados miembros mediante facultades claras y directas asignadas a las autoridades nacionales competentes para actuar de inmediato ante el incumplimiento de la normativa, como es la aceptación obligatoria de efectivo por parte de los beneficiarios y proveedores de servicios de pago y el mantenimiento de la red mínima de distribución hacia las entidades de crédito. La monitorización por sí sola no es suficiente: una obligación legal no se aplica normalmente solo después de que se haya acumulado un volumen de infracciones. La monitorización debe apoyar la supervisión, las medidas correctivas y las sanciones, no sustituirlas.

4. Si bien se agradece una mayor supervisión, esta debe complementarse con facultades de ejecución claras y mecanismos correctivos. Sin este vínculo, el Reglamento corre el riesgo de identificar problemas sin garantizar su corrección.

5. Fortalecimiento de la resiliencia del sistema de efectivo en situaciones de crisis. Denaria apoya la introducción de Planes Nacionales de Resiliencia del Efectivo, tal como se propone tanto en el Enfoque General del Consejo como en varias enmiendas de diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo. Estos planes deben desarrollarse en cooperación con el ecosistema del efectivo en general, manteniendo la responsabilidad principal en las autoridades públicas y las entidades de crédito, para garantizar tanto la eficacia como la proporcionalidad.

6. Denaria subraya que el mantenimiento de los servicios esenciales de efectivo forma parte de las obligaciones fundamentales de las entidades de crédito y no debe dar lugar a mecanismos generales de compensación. Al mismo tiempo, los costes vinculados a las medidas de resiliencia sistémicas o de mercado no deben recaer sobre el sector privado. En general, las propuestas de Denaria tienen como objetivo respaldar un Reglamento que sea jurídicamente sólido, operativamente viable y alineado con sus objetivos de política pública: preservar la inclusión financiera, garantizar la resiliencia del sistema de pagos y salvaguardar el papel del efectivo como bien público dentro del marco monetario europeo.

Denaria continuará trasladando su posición a las instituciones europeas a lo largo del proceso legislativo, con el compromiso de contribuir a un marco normativo que garantice que el efectivo permanezca como una opción de pago real, accesible y protegida para todos los ciudadanos europeos. El dinero en metálico no es solo un instrumento de pago: es una garantía de inclusión, autonomía y resiliencia financiera que ningún ciudadano debería ver mermada.

 

Contacto

Josefina del Valle

josefina.delvalle@denaria.org

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