El acceso al efectivo en España sigue siendo una tarea ardua. La reestructuración del sector ban cario y la progresiva reducción de la red de ofi cinas y cajeros automáticos han tenido un impacto de sigual en el territorio, y afecta con mayor intensidad a las zonas rurales y a los municipios de menor tamaño. En el primer semestre de 2025 apenas quedaban 37.100 en todo el país, un 0,9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En estos entornos, la desaparición de puntos de acceso al efectivo se suma a otros fenómenos de despo blación y envejecimiento, amplificando sus efectos ne gativos. La desigualdad territorial en el acceso al efec tivo plantea un problema de cohesión social y territo rial porque la dificultad para obtener efectivo obliga a los residentes de determinadas áreas a realizar desplazamientos largos y pro longados, o a depender de terceros y, por consiguiente, costes adicionales y lími tes a la autonomía. En el caso de las per sonas mayores, o las que tienen movili dad reducida, esos efectos negativos se incrementan.

Asimismo, la falta de acceso cercano y continuado al efectivo puede afectar al tejido económico local y dificultar el funcionamiento de pequeños comercios y actividades que dependen en mayor medida de los pagos en efectivo. De este modo, la erosión de la infraestructura de acceso al efectivo impacta sobre los indi viduos, sobre la vitalidad económica de los territorios y genera un círculo vicioso de pérdida de servicios y oportunidades.

El acceso al dinero en efectivo consti tuye un derecho de carácter instrumen tal, en la medida en que resulta indispen sable para el ejercicio efectivo de otros derechos económicos y sociales. La po sibilidad real de disponer de efectivo no solo permite la utilización de un medio de pago de cur so legal, sino que condiciona la capacidad de amplios segmentos de la población para participar plenamente en la vida económica, acceder a bienes y servicios bási cos y gestionar sus recursos de manera autónoma.

La evidencia pone de manifiesto que, pese a la cre ciente digitalización de los pagos, el efectivo continúa siendo el medio de pago más utilizado por una parte significativa de la población, de hecho, es el método de pago más utilizado a diario por las rentas inferiores a los 1.200 euros mensuales, sobre todo, personas que se encuentran en los grupos de mayor edad y aquellos menos digitalizados. Para estos grupos, las dificultades de acceso al efectivo no se traducen únicamente en una incomodidad operativa, sino en un riesgo efectivo de exclusión financiera, con efectos directos sobre su bienestar y su integración social.

Desde esta perspectiva, garantizar el acceso al efec tivo es un elemento estructural de las estrategias de in clusión financiera más que una política residual o asis tencial, y permite preservar la libertad de elección en los medios de pago y evitar que la creciente integra ción de soluciones de pago digitales genere nuevas brechas sociales.

Uno de los rasgos más significativos del actual siste ma de acceso al efectivo es la existencia de un vacío de responsabilidad claramente definida. Tradicional mente, la provisión de efectivo ha descansado en la red de oficinas y cajeros automáticos de las entidades de crédito, en el marco de un modelo de servicio bancario universal implícito. Sin embargo, la transformación del negocio bancario y la orientación hacia servicios digitales más rentables han debilitado este modelo sin que haya sido sustituido por un marco normativo cla ro que asigne responsabilidades explícitas.

Contradicción manifiesta

Esta situación genera una contradicción manifiesta entre el reconocimiento del efectivo como bien públi co y medio de pago de curso legal, y la ausencia de una obligación concreta de garantizar su distribución y ac ceso por parte de la población.

Esto significa que el mantenimiento o retirada de puntos de acceso al efectivo depende principalmente de criterios de rentabilidad privada, a los que, sin ra zón alguna, en la práctica se les da más peso que a inte reses generales como la inclusión financiera o la cohe sión territorial.

El acceso al efectivo, en tanto que derecho instru mental, requiere de un marco de responsabilidad definido, que permita identificar a los sujetos obligados y los mecanismos de intervención cuando el mercado no ofrece soluciones adecuadas.

Ante esta existencia de fallos de mercado persisten tes, el recurso a obligaciones de servicio público se configura como un instrumento legítimo y proporcio nado para garantizar la continuidad del acceso al efec tivo. Estas obligaciones deben entenderse como un mecanismo de último recurso, y no como una sustitu ción general del mercado, que se activará, únicamente, si las soluciones voluntarias resultan insuficientes pa ra cubrir las necesidades identificadas, tal como ocu rre hoy en municipios y provincias de España.

El Banco de España ocupa una posición singular en la gobernanza del efectivo por sus funciones como au toridad nacional competente en el ámbito monetario y financiero. Su papel resulta clave en tareas de análisis, supervisión y seguimiento del acceso y uso del efecti vo, así como en la elaboración de indicadores objetivos que permitan evaluar la suficiencia y calidad de la pro visión. La contribución del Banco de España es espe cialmente relevante para dotar de base técnica y neu tralidad a las decisiones públicas, facilitando diagnós ticos rigurosos y comparables en el tiempo. Asimismo, su función consultiva contribuye a asegurar que las medidas adoptadas sean coherentes con el marco eu ropeo y con los principios que rigen el funcionamiento del sistema monetario del euro.

Fuente: Expansión