El canal de denuncias de la asociación Denaria, creada para defender el uso del dinero en efectivo en España, recibió el año pasado un total de 174 quejas relacionadas con la imposibilidad de realizar pagos con dinero en curso legal, tanto en establecimientos públicos como privados, de las cuales un 42,52% han sido posteriormente tramitadas como denuncias formales por Denaria tras la conformidad de los afectados, ya que está en vigor un régimen de sanciones.
Lo curioso de estos datos es que durante 2025 se ha mantenido el patrón de comportamiento de los sectores implicados en las denuncias años anteriores y, una vez más, y no deja de ser curioso, es la administración pública, que se supone que es la que debe velar por el cumplimiento de las leyes, es la más incumplidora en este caso, la que concentra el mayor porcentaje de denuncias, un 43% del total.
Le siguen los establecimientos comerciales como supermercados, tiendas de productos, festivales, hoteles o empresas de seguros, que reciben un 19,51% del total. El resto de subsectores integrados en el sector privado, cada uno de los cuales representa entre un 0,57% y un 1,14% del total son: servicios de telefonía, fabricantes de coches, servicios sanitarios y colegios. Finalmente, las empresas de servicios de transporte también representaron un 17,8% de las quejas.
Obligados a aceptar dinero físico
Tras la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de mayo de 2022, todos los comercios están obligados a aceptar efectivo como medio de pago, dentro de los límites legales acordados que posicionaron a España como uno de los países más severos en esta materia.
La norma vigente en nuestro país es que siempre que en la operación intervenga un empresario o profesional, el pago en efectivo no podrá ser superior a los 1.000 euros, lo que afecta desde los pagos en tiendas, supermercados, hoteles, hasta cualquier autónomo que emita una factura superior a esa cantidad.
A partir de esa cantidad los pagos deben hacerse por medios bancarios, con la única excepción de que el pagador sea una persona que no resida en España, como por ejemplo un turista. En este caso, el límite a estos pagos asciende a los 10.000 euros por operación, coincidiendo con la horquilla de referencia de la UE. Asunto este, que no deja de ser extraño por beneficiar más a un residente o un turista que a un ciudadano español a la hora de poder pagar con dinero en metálico.
Siempre, aumentar el control
Está claro que los gobiernos y sus haciendas intentan con estas normas aumentar el control del blanqueo de capitales y del fraude fiscal para evitar pagos ocultos, por lo que se fomentan los medios de pago más trazables y fáciles de seguir. Pero no es menos cierto que con ello están cercenando la libertad individual de sus ciudadanos y dirigiéndoles a sistemas mucho más frágiles que el pago en efectivo, a los que además no está acostumbrada una gran parte de la población, sobre todo los de más edad.
Es una realidad incuestionable que cada vez se utiliza menos dinero en metálico, no sólo por todas las opciones que hay en medios de pago, sino porque también desde los organismos gubernamentales se promueve cada vez más el uso del dinero electrónico, al tratarse de una opción más fácil de rastrear y poder controlar, es el Gran Hermano que nos toca vivir en la actualidad.
Pero no podemos olvidar que el dinero en efectivo es todavía hoy por hoy el más importante método de pago para los ciudadanos, al tratarse de la moneda de curso legal, que ayuda a facilitar la inclusión financiera de todos los colectivos y segmentos de la población de forma equitativa.
Privacidad, sobre todo
Sin duda, poder hacer pagos con dinero en efectivo siempre es un símbolo de libertad y garantía de privacidad, ante la creciente injerencia de organizaciones y corporaciones en los datos personales de los individuos.
Todos estamos hartos de las permanentes llamadas a nuestros móviles para vendernos cualquier cosa de forma digital, cambiarnos de compañías suministradoras. Hartos de todas las trampas, posibles robos y hurtos, con los que cada día nos acosan a través de nuestros terminales portátiles. Por no hablar de la web, o de nuestros correos electrónico privados, permanentemente asaltados sin nuestro consentimiento.
La desconfianza hacia la pérdida de privacidad por el uso de métodos de pago digitales es actualmente muy elevada, y muchos ciudadanos temen filtraciones de sus datos personales al pagar digitalmente, incluso que otros puedan hacerse con sus hábitos de compra, para luego intentar venderles los productos que más utilizan.
Útil ante las grandes crisis
Además, como se ha visto recientemente al sufrir la sociedad sucesos tan graves como el Covid y el reciente apagón, cuando se desploma internet, el dinero en efectivo sigue siendo la única alternativa de pago en todas estas situaciones de catástrofes naturales, ciberataques o cualquier otra incidencia tecnológica. Además, el efectivo será siempre una reserva de valor para los ciudadanos segura frente a estafas y ciberdelitos.
La asociación Denaria, constituida para defender el efectivo, considera que “cualquier sociedad avanzada debería preservar el acceso al dinero en efectivo como bastión de los derechos y libertades fundamentales, frente a los riesgos de exclusión financiera, desatención de colectivos vulnerables o ante situaciones de emergencia”.
Una encuesta realizada por GAD3 para esta organización el año pasado aseguró que el efectivo mantiene su papel como base central del sistema de pagos en España. También refleja que tres de cada cuatro personas (74%) consideran que el dinero físico es importante en su día a día, alcanzando el nivel más alto desde 2021.
Quizás lo más importante de este estudio es que refleja que el dinero físico mantiene atributos clave para la ciudadanía: el 74% lo percibe como el método de pago más seguro y respetuoso con la privacidad, y el 54% destaca su utilidad para controlar el gasto.
Más dinero en casa
Asimismo, asegura qué tras el apagón del 28 de abril y otros acontecimientos recientes como ese, han reforzado el papel del dinero físico como herramienta de protección frente a fallos tecnológicos. De hecho, tras el apagón, el 35% de los encuestados mantiene una mayor cantidad de efectivo en casa, porcentaje que se aproxima al 50% entre los jóvenes de 18 a 29 años.
El 93% de encuestados defiende que garantizar el pago en efectivo debe seguir siendo obligatorio, y el 88% de quienes utilizan principalmente tarjeta reconoce su utilidad en situaciones de emergencia. Casi ocho de cada diez personas consideran, además, que el efectivo fomenta la autonomía financiera en escenarios de crisis y su uso debería fomentarse.
Hasta un 15% de la población sitúa el efectivo como el segundo recurso más importante en una situación de crisis, tras el agua y los alimentos básicos (60%), por encima incluso de la salud y medicamentos (11%) o la energía e iluminación (6%). Pero, pese a la importante defensa que los ciudadanos hacen del dinero físico en esta encuesta, la realidad es que las dificultades para el uso de dinero en efectivo no dejan de crecer cada año.
Menos cajeros, más comisiones
El acceso al efectivo es cada vez más complicado por la suma de varios factores. Quizás el más importante es el cierre muchas oficinas bancarias y cajeros automáticos durante los últimos años, pero también la negativa de bastantes administraciones públicas para aceptar esos pagos y, por supuesto, también las crecientes comisiones aplicadas por su uso por parte de las entidades financieras.
La cuestión es que el entorno operativo para acceder y usar dinero físico no deja de restringirse progresivamente, lo que pone en peligro la inclusión financiera y la libertad económica de los ciudadanos y restringe su privacidad.
El 88% de encuestados por GAD3 lo valora como único medio de pago que siempre funciona y con menor riesgo de fraude, y el 84% cree que le ayuda a controlar el gasto y evitar el endeudamiento, mientras que el 70% afirma que le permite ahorrar más que utilizando otros métodos de pago.
Otra infraestructura crítica
Desde Denaria defienden que el efectivo debe considerarse como una infraestructura crítica más: un medio de intercambio seguro cuando los sistemas digitales fallan, un respaldo inmediato para ciudadanos en situaciones de emergencia, y un garante de inclusión social ante fallos de conectividad o bancarización.
Hace poco, el propio Banco Central Europeo (BCE) ha reconocido que en todas las grandes crisis recientes, como el coronavirus, la guerra en Ucrania y hasta el apagón en España, la demanda de billetes y de dinero en efectivo se disparó. A su juicio, eso refleja su utilidad práctica y psicológica como refugio de confianza y medio tangible de valor.
Por ello, el BCE instó a todos los Estados miembros de la UE y al sector financiero privado a garantizar un suministro efectivo sólido y con planes de continuidad empresarial para asegurar la disponibilidad del dinero físico todo momento. Gobiernos y también bancos deberían hacerle caso, o de lo contrario estarán jugando con fuego, ya que lo digital no puede garantizar las transacciones como el efectivo.
Fuente: Capital Madrid
