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El BCE fija como objetivo lanzar el euro digital en 2029 si la UE avanza en la legislación

El euro digital sigue pasando pantallas, pendiente en todo caso de la pieza clave: la legislación. Mientras tanto, el BCE ha aprobado en la reunión de su consejo de gobierno la transición de la fase preparatoria a la fase técnica. El banco tiene como objetivo lanzar la versión digital de la moneda única en 2029, en caso de que durante el próximo año las autoridades hayan aprobado la normativa pertinente.

Con este nuevo paso adelante, el consejo del banco responde a la petición de los líderes de la UE, que en la cumbre de octubre dieron un impulso clave a la moneda al aclarar la fórmula para determinar aspectos relevantes como el límite de tenencias. “Un euro digital preservará la libertad de elección de los europeos, la privacidad y protegerá la soberanía monetaria y la seguridad económica”, indica el BCE en su comunicación de este jueves, que también apela a la innovación en los pagos, la competitividad, la resiliencia ante catástrofes y la inclusión financiera.

La presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha hecho una cerrada defensa del euro digital en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno del banco. “Entiendo el dinero es un bien público, punto. El dinero emitido por los bancos centrales, el ancla para el desarrollo del dinero comercial, debe ser una parte fundamental del sistema financiero”, ha expresado.

La realidad está siendo, en todo caso, compleja. Primero, por las reticencias del sector privado ante los costes de infraestructura de la iniciativa, temeroso además del riesgo de fuga de depósitos por parte de los ahorradores. Y también por un Parlamento Europeo que se está tomando la propuesta legislativa con una calma inusual. Pero la explosión del negocio de las stablecoins en Estados Unidos (criptodivisas ligadas a una divisa tradicional, como el dólar o el euro) está también obligando a apretar el paso.

El BCE considera, de hecho, que la necesidad de un medio de pago público y digital complementario al efectivo es “urgente” a medida que evolucionan los métodos de pago. Pero ni siquiera garantiza que los trabajos se acaben concretando. “La decisión final de si emitir un euro digital, y en qué fecha, se tomará solo cuando la legislación se haya adoptado”, señala. En este sentido, el proceso depende primero de que el ponente del Parlamento Europeo, el español, Fernando Navarrete, presente su propuesta (que debería estar ya lista). No será hasta, probablemente, mayo cuando llegue la posición definitiva de la Eurocámara. Sin esto, los dos colegisladores de la UE (Consejo y Parlamento) no pueden sentarse a negociar la redacción definitiva de la norma. Dentro de la Eurocámara, el Partido Popular prefiere el desarrollo de una alternativa privada mientras que la bancada de izquierda y los liberales defienden una solución pública.

El BCE cierra así la fase de preparación para el desarrollo del euro digital que empezó en noviembre de 2023. Y en esta nueva etapa tendrá el foco en las capacidades técnicas (incluyendo la puesta en marcha de los sistemas y las pruebas piloto, que prevé para 2027), en la colaboración con proveedores de pagos, comerciantes y consumidores para detallar mecanismos de funcionamiento y analizar patrones de uso, y apoyará el proceso legislativo, ahora en manos del Parlamento Europeo. El banco ya ha presentado documentos con las posibles funcionalidades de la moneda, como pagar una compra online solo cuando la recibes o realizar transferencias condicionadas.

Según el BCE, el coste del euro digital, sumando desarrollo y operaciones, dependerá de su diseño y servicios asociados, pero en los trabajos preparatorios lo ha cuantificado en 1.300 millones de euros para el lanzamiento y 320 millones anuales a partir de esa fecha prevista de 2029. Pero el coste para el sector privado ya es un foco de conflicto. El BCE estima que el impacto podría rondar entre los 4.000 y los 5.700 millones de euros, o entre 1.000 y 1.400 millones de euros anuales durante cuatro años, en línea con las previsiones de la Comisión, que sitúan los costes totales para el sector bancario de la eurozona entre los 2.800 y 5.400 millones de euros.

Un reciente informe de PwC estima que el gasto que deberían asumir los bancos sería sensiblemente mayor, de unos 18.000 millones de euros. Una cifra, además, que podría elevarse a 30.000 millones si se incluyen también funcionalidades más complejas, como el pago offline. “No podemos discutir el coste del euro digital sin discutir los beneficios”, ha señalado el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, en la misma rueda de prensa que Lagarde, que lo ha cifrado en torno al 3% del total de costes de infraestructura tecnológica de la banca europea. El miembro del Comité Ejecutivo del BCE y presidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre un euro digital, Piero Cipollone, los trabajos sobre el euro digital han concluido que este “podría fomentar una mayor competencia en el mercado europeo de pagos” al mismo tiempo que “reducirá los costes para los comerciantes y creará una plataforma para que las empresas privadas innoven, crezcan y compitan”.

La institución también ha intentado mitigar el temor a una fuga de depósitos, es decir, que los ciudadanos saquen dinero de los bancos, en caso de turbulencias financieras, para obtener euros digitales, es decir, equivalentes a dinero en efectivo. La conclusión del banco es que el euro digital protege la estabilidad financiera pues, ante una situación de este tipo, el sistema estaría expuesto a una huida de depósitos hacia stablecoins del sector privado, casi todas denominadas en dólares. Igualmente, la llegada de Donald Trump ha agudizado la preocupación por la autonomía estratégica, y en el terreno de los pagos Europa es totalmente dependiente de las estadounidenses Visa y Mastercard. En este sentido, Panetta ha destacado que dos tercios de los pagos en Europa se realizan a través de sistemas no europeos, y Lagarde ha lanzado un dardo contra los planes de EE UU de archivar el dólar digital para fomentar las stablecoins: "No queremos exponer a los compatriotas o a la economía europea a una inestabilidad financiera recurrente como se vio en 1890 en EE UU", una época en la que no había banco central y los problemas de la banca desataban fugas de depositantes.

Fuente: Cinco Días