La plataforma rechaza la vinculación del dinero físico con el fraude y señala un marco normativo que, a su juicio, penaliza su uso en deducciones fiscales, pago de impuestos y cobro de pensiones.

La plataforma Denaria sale en defensa del dinero en efectivo, denunciando la existencia de una "auténtica cultura en contra" de este medio de pago en España. En un comunicado, la organización rechaza de forma categórica "cualquier intento de asociar el dinero físico con el fraude" y exige la eliminación del límite de 1.000 euros para pagos en metálico, argumentando que fomenta la sospecha y es contraproducente.

Desde Denaria subrayan que el efectivo es moneda de curso legal y su utilización no prejuzga ningún comportamiento ilícito. "Como cualquier otro instrumento financiero, es neutral por naturaleza: lo relevante no es el medio de pago, sino el uso que se haga de él", afirman. Por ello, insisten en que la responsabilidad recae exclusivamente en quien comete el fraude, quien "debe afrontar sus responsabilidades legales independientemente de su situación, afiliación o empleo".

La plataforma alerta de que las "restricciones desproporcionadas" han generado un estigma social. En particular, señalan al límite de 1.000 euros en España, una cifra muy inferior a los 10.000 euros que recomienda el Banco Central Europeo. Según Denaria, esta medida ha fomentado una "sospecha infundada" sobre quienes legítimamente optan por el metálico.

Un cerco normativo más allá de los pagos

Para sustentar su denuncia de una "cultura" antiefectivo, la organización señala que las limitaciones no son un caso aislado, sino parte de un marco normativo más amplio que penaliza su uso.

Argumentan que diertos gastos deducibles en la declaración de la renta, como la rehabilitación de vivienda o servicios psicológicos, no se admiten si han sido abonados en metálico. También destacan que la Administración Tributaria no permite liquidar deudas fiscales en efectivo, mientras que sí acepta métodos digitales como Bizum, que no están sujetos a las mismas restricciones.

Además, recuerdan que es obligatorio disponer de una cuenta corriente para cobrar pensiones y salarios, lo que excluye a quienes prefieren o necesitan operar con dinero físico. También denuncian un "doble rasero legal". La Ley de Prevención del Fraude sanciona duramente los pagos en metálico superiores a 1.000 euros entre residentes, pero permite un límite diez veces mayor (10.000 euros) para los no residentes.

Ante esto, Denaria reitera su llamamiento a eliminar el límite actual, advirtiendo que "cuanto más bajo es el umbral permitido, mayor es el riesgo de empujar las transacciones hacia canales opacos y menos trazables, precisamente lo contrario de lo que se pretende combatir".

Fuente: Expansión, La Vanguardia, EuropaPress, Forbes, Demócrata, Servimedia