Pagar un alquiler en España con dinero en efectivo es imposible, desde mayo de 2023, salvo en el caso excepcional de que el arrendatario carezca de cuenta bancaria.

Así lo establece el artículo 17.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificado por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que obliga a que la renta se abone mediante transferencia bancaria u otros medios digitales. Es decir: la norma convierte en ilegal un pago perfectamente válido en cualquier otra transacción cotidiana, como comprar pan, pagar un taxi o abonar una entrada de cine.

Esta restricción, que a primera vista puede parecer menor, encierra una contradicción de fondo y genera un grave problema de exclusión. El efectivo es moneda de curso legal, reconocido por el Banco de España y el Banco Central Europeo, y su rechazo como medio de pago constituye, según el artículo 47 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, una infracción sancionable. ¿Cómo puede entonces una ley sectorial prohibir el uso de aquello que la normativa general obliga a aceptar?

La paradoja es evidente: lo que debería ser un derecho básico para todos los ciudadanos —pagar en efectivo— se está arrinconando como si fuera una anomalía.

La imposibilidad de pagar el alquiler en efectivo golpea con especial dureza a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad económica. No todas las personas tienen acceso a una cuenta bancaria, y abrirla puede suponer comisiones y requisitos difíciles de cumplir. Pensemos en trabajadores temporales, migrantes recién llegados, ciudadanos del medio rural o personas mayores que no manejan herramientas digitales o ciudadanos que, por elección o necesidad, se mantienen al margen del sistema bancario.

Para ellos, el efectivo es más que un medio de pago: es un instrumento de inclusión financiera, la llave que les permite acceder a bienes y servicios sin depender de una infraestructura tecnológica que no siempre está a su alcance. Obligar a pagar el alquiler mediante transferencia es, en la práctica, excluir a parte de la población del derecho a una vivienda.

La prohibición en el pago del alquiler no es un caso aislado. En los últimos años, el marco normativo español ha ido tejiendo una auténtica "cultura" en contra del efectivo, con disposiciones que limitan o penalizan su uso. A modo de ejemplo:

• IRPF: ciertos gastos que podrían deducirse en la declaración de la renta —rehabilitación de vivienda, actividades deportivas, servicios psicológicos— no se admiten si han sido pagados en metálico.

• Administración tributaria: las deudas fiscales no pueden liquidarse en efectivo, aunque sí mediante Bizum, un método de pago digital que no está sujeto a las mismas limitaciones.

• Pensiones y salarios: para cobrarlos es obligatorio disponer de una cuenta corriente, lo que excluye a quienes quieren pagar con dinero en efectivo.

• Ley de Prevención del Fraude: limita los pagos en metálico a 1.000 euros entre particulares y empresas residentes, con sanciones severas si se sobrepasa. Paralelamente, para no residentes el límite es diez veces superior (10.000 euros).

Estas normas, bajo el pretexto de combatir el fraude fiscal, terminan castigando a quienes más necesitan el dinero físico.

Cabe recordar que el Banco Central Europeo ha reiterado sucesivamente que los Estados miembros deben asegurar el acceso, la distribución y la aceptación del efectivo. Sin embargo, en España la desaparición de cajeros automáticos, la concentración bancaria y la reducción de horarios presenciales se han convertido en una barrera que cada vez dificulta más disponer de dinero físico.

No se trata solo de un problema de comodidad, puesto que en situaciones de crisis —apagones, ciberataques, catástrofes naturales—, el dinero digital puede quedar inutilizado, en cambio el efectivo siempre funciona porque no depende de servidores ni de electricidad. Aun así, España carece de un plan nacional de resiliencia en el que esté incluido el efectivo y garantizada su provisión en casos de emergencia.

En conclusión, el efectivo es un derecho esencial que garantiza libertad, privacidad e inclusión. Prohibir pagar el alquiler en metálico es un sinsentido jurídico y social, que contradice otras normas en vigor y que, sobre todo, penaliza a los más vulnerables.

Tanto las Administraciones Públicas como sus empresas deben permitir el pago en efectivo en todos los casos, sin excepciones arbitrarias ni barreras burocráticas. No se trata de ir contra la digitalización, sino de asegurar que ningún ciudadano quede atrás.

Porque, al final, la pregunta no es solo si desaparecerá el efectivo, sino quiénes serán los excluidos cuando eso ocurra. Y la exclusión, como tantas veces en la historia, empieza por los más vulnerables.

Presidente de la Plataforma Denaria

Fuente: Expansión