Relato Plataforma Denaria 2024

RELATO PLATAFORMA DENARIA 2024

1. Situación del efectivo en España

Las últimas encuestas elaboradas por el BDE o por la Plataforma Denaria, a través de Gad3 demuestran claramente que el efectivo goza de buena salud y de que hay una elevada demanda del mismo por parte de la población:

La retirada de efectivo en cajeros creció un 30% más que antes de la pandemia, lo que demuestra su fortaleza y su capacidad de convivencia ante los métodos alternativos de pago, y ello a pesar de contar con 2.000 cajeros menos en el último año (operaciones realizadas en dispositivos situados en España con tarjetas emitidas en nuestro país por cualquier entidad).
El agregado del año pasado muestra un aumento de las operaciones en efectivo que alcanzaron casi 125.000 millones de euros, con un crecimiento del 4,3% sobre el año anterior y situándose en niveles pre-pandemia.
Esto es muy importante porque como ya se ha señalado, debe ponerse en correlación con la senda decreciente del número de cajeros en nuestro país, que Denaria considera que debe revertirse; si las entidades financieras, buscando una mayor eficiencia en un cada vez mayor entorno digital reducen el número de terminales.
Denaria considera que debe ser la colaboración público-privada la que asegure o facilite el acceso al dinero en efectivo a amplias capas de población que por los motivos que sean no se encuentran cómodas operando en el mundo digital.

En particular, también es muy importante que en determinadas zonas con poca población generalizar los cajeros multimarca, que permitan reducir el riesgo de las Entidades Financieras.

Conclusiones encuesta Denaria (Gad3, otoño 2023)

La valoración del efectivo es cada vez más positiva. En este sentido, casi la mitad de la población española afirma que, en gran media, el efectivo es tanto un bien público como un medio de pago necesario, siendo los registros más altos de los últimos tres años. La consideración de la necesidad del efectivo aumenta en los estratos de población de mayor edad.
Frente a otras formas de pago, el efectivo se impone como el método más accesible, seguro y privado, aumentando en 2023 esta creencia entre la población española.
Más de la mitad de los españoles afirma que el fomento del pago digital perjudica en gran medida a las personas con más dependencia o a los habitantes del medio rural. Esta opinión es compartida en mayor media por los grupos de edad más mayores.
Nueve de cada diez españoles se muestra en contra de la desaparición del efectivo, siendo el dato más alto de la serie histórica (2021-2023). La defensa de la existencia del efectivo es aún más elevada en los grupos de edad más mayores, así como entre los propios usuarios habituales de este medio de pago.
Seis de cada diez españoles afirman que cada vez es más difícil acceder al efectivo, porcentaje que se incrementa levemente respecto a años anteriores. Esta percepción es especialmente común en los grupos de edad más mayores.
La gran mayoría de los españoles cree que el cierre de oficinas y cajeros afecta a la disponibilidad y uso del efectivo. Esta opinión es ligeramente menor entre los más jóvenes y los usuarios habituales de las formas de pago digitales.
En el último año, la mitad de la población encuestada afirma haber encontrado más problemas año para encontrar un cajero. Las personas con mayores dificultades son los grupos de edad intermedios y los ciudadanos residentes en los municipios de mayor población.
El 67,3% de los encuestados considera importante el efectivo en su día a día; de forma concreta, los grupos de edad más mayores son los que lo consideran más importante (77%). Por otra parte, el efectivo es más importante para la población residente en municipios pequeños (72%) que en municipios grandes (64%).
La percepción del dinero en efectivo es cada vez más positiva entre los encuestados. Por un lado, el porcentaje de personas que lo considera como un bien público pasa de ser un 77% en 2021 a un 85,1% en 2023. Por otro, un 72,3% de los encuestados en 2021 lo consideraba como un medio de pago necesario, dato que asciende al 79,7% en 2023.

Conclusiones Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo del BDE (Ipsos, octubre 2023)

El efectivo sigue siendo el medio de pago más defendido por los encuestados, llegando al 95% en los dos últimos años.
En torno a la mitad de los encuestados afirma haber encontrado en el último año problemas para encontrar un cajero (49,1%). De forma concreta, los grupos más afectados son aquellos situados en la edad mediana, así como los que residen en municipios grandes (52%).
El dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago que mayor porcentaje de personas usa a diario en establecimientos físicos, seguido por la tarjeta y los dispositivos móviles
Siete de cada diez españoles creen que el uso del efectivo a un año vista será igual, aunque esta percepción varía con la edad. El 39% de los menores de 35 años cree que su uso de efectivo disminuirá, en contraposición a los mayores de 64 años, entre quienes solo un 16% considera que su uso será menor a un año vista.
La mayoría de la ciudadanía obtiene normalmente el efectivo de cajeros automáticos (7 de cada 10).
Los puntos de retirada de efectivo se perciben más alejados que en 2022, especialmente en los municipios sin acceso a oficina bancaria estable.
El dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago que mayor porcentaje de personas usa a diario, siendo utilizado por casi la totalidad de la población. Se usa a diario por el 65% de las personas.
Los principales motivos de uso del efectivo son la comodidad, la costumbre y el control de gastos.
Las personas de más de 55 años y quienes poseen estudios básicos usan dinero en efectivo a diario en mayor medida. El uso diario de efectivo aumenta a medida que se incrementa la edad: del 48% entre los más jóvenes hasta el 77% entre los mayores de 54 años.
Seis de cada diez personas suelen mantener el efectivo indispensable para sus gastos cotidianos.
Finalmente, el cajero es la principal fuente de obtención del efectivo (74,5% de los encuestados).

2. Principales razones para el uso del efectivo:

Seguridad, confianza (siempre funciona), privacidad, mejor control de los gastos, medio de pago más democrático, y gratuito (no genera comisiones).
Es el mejor instrumento que garantiza el no acceso de los jóvenes a contenidos de adultos, genera un mínimo impacto medioambiental, ofrece mayor resiliencia y es el que mejor garantiza el inmediato funcionamiento de la economía ante un colapso del sistema. El dinero público (billetes y monedas) es un valor en sí mismo.
Así mismo, el efectivo tiene un carácter inclusivo al poder ser utilizado por cualquier persona con independencia de su edad, localización o habilidades digitales, sin olvidar que no depende de del funcionamiento de terceros y su papel como contingencia en momentos de crisis.
Por las citadas razones, cada vez más países como Suecia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Australia, se muestran interesados en el mantenimiento de la infraestructura del efectivo impulsando activamente legislaciones que relativas a la aceptación obliguen a aceptar el efectivo obligatoriamente, y que también garantice su acceso mediante un mayor número de puntos de suministro.

A pesar de la mayor demanda que se viene detectando desde la pandemia, la oferta se sigue limitando continuamente:

Menor número de oficinas y cajeros.

Según datos del BDE y de las propias entidades financieras, entre 2013 y 2023 se han cerrado 19.700 oficinas bancarias, un 53% del total existente, Solo en 2022 se cerraron 819 oficinas, casi 16 de media a la semana, principalmente por parte de Banco Sabadell (-100), pero especialmente por parte de Caixabank (-237).
Según el último informe de seguimiento sobre la accesibilidad presencial a los servicios bancarios elaborado por el BDE, el número de oficinas bancarias se redujo un 7,2% en 2022, pasando de 19.014 a 17.648. La caída es superior en términos relativos en los municipios más pequeños, de menos de 500 habitantes, en los que la reducción ha sido del 11%.
Durante el año 2022 la banca no abrió una sola oficina en toda España y 26 municipios perdieron su única oficina bancaria, y otros 40 dejaron de tener su cajero. Principalmente en la España Rural.
Los bancos vienen realizando un esfuerzo por abrir canales alternativos a través de Correos, oficinas móviles, etc., pero los usuarios siguen prefiriendo ir a una sucursal, aunque para ello tengan que desplazarse varios kilómetros- Seis de cada diez habitantes de los pueblos más pequeños se desplaza a otros municipios en los que si hay sucursal física y se les puede atender.
Un 30% de las personas que residen en la España más rural que dice tener problemas para llegar a una oficina bancaria debido a la distancia; más del 50% de los municipios que no tienen una sucursal están a una distancia de más de cinco kilómetros de la oficina más cercana, siendo este porcentaje superior al registrado en 2022 (38,4%).
En lo que se refiere a cajeros, a cierre del tercer trimestre de 2023 había en España 43.620 terminales, casi un 4% menos que en el año anterior (datos BDE).
El efectivo sigue siendo el método más usado a pesar de la presencia del pago digital (tarjetas, dispositivos…). Esta opción hace que sea necesario tener lugares en los que poder acceder a ese efectivo. Sin embargo, el cierre de oficinas (o sus restricciones horarias) y la caída del número de cajeros automáticos dificultan acceder a ese dinero.
Entre 2021 y 2023, las oficinas bancarias se redujeron un 7,2%, pasando de 19.014 a 17.892, con una reducción de 1.122 oficinas.
Por otro lado, los puntos de acceso mediante canales alternativos aumentaron un 1,6%, desde 49.869 a 50.672 puntos. A este respecto, los mayores incrementos porcentuales se registraron en el número de ofibuses (+28,4%, hasta 787) y agentes financieros (+34,4%, hasta 2.299), como consecuencia de los compromisos adquiridos en el marco del Observatorio de Inclusión Financiera, acordado entre las patronales bancarias y el Ministerio de Economía. Esta caída es la cifra más baja desde que hay registros (año 2000), pero se produce mientras las zonas rurales demandan ese acceso al efectivo.
En el informe de seguimiento sobre la accesibilidad presencial de los servicios bancarios, el Banco de España constata que los municipios rurales de menos de 500 habitantes demandan oficinas bancarias, por lo que las soluciones de implantar puntos alternativos de acceso a efectivo y servicios bancarios no parecen ser efectivos para atajar la exclusión financiera resultante del cierre de oficinas.
"Los clientes habrían percibido, en general, un cierto deterioro en la accesibilidad a los servicios bancarios a lo largo de 2022 en los municipios sin oficina estable, pese al aumento en el número de puntos de retirada de efectivo en dichos municipios", recoge el organismo en el documento.
En 2023, respecto a 2022, un total de 167 municipios en España ganan un punto de acceso presencial. Es el resultado de 223 poblaciones que obtuvieron un punto de atención frente a los 56 municipios que perdieron el último punto de acceso que les quedaba. De los 223 municipios que ganaron acceso a servicios bancarios, 179 eran municipios de menos de 500 habitantes. La mayoría de cierres del único punto de servicio también se producen en poblaciones de este tamaño, con 45 cierres.
La mayoría de estas ganancias de puntos de acceso no es a través de oficinas bancarias estables, sino a través de canales alternativos (agentes financieros, ofibuses, cashback, Correos Cash, etc), pero estos canales siguen siendo de uso minoritario para la población, que prefiere la atención en oficinas bancarias estables.

Más efectivo y más operaciones

A pesar de la caída de los cajeros, la retirada de efectivo ha aumentado tanto en operaciones como en cantidad. Así, los datos muestran que en septiembre se realizaron 174,2 millones de retiradas de operaciones en las que se sacaron 31.456 millones de euros. El número de operaciones aumentó un solo 0,35% respecto al año anterior, pero la cantidad de dinero subió un 2,57%. La diferencia se debe a que los españoles aprovechan un cajero para sacar más cantidad de dinero y tener efectivo disponible.
Además, están los datos de los TPV (los terminales de punto de venta), que muestran un crecimiento exponencial. En el tercer trimestre, había 2,51 millones de estos dispositivos en España, lo que supone un crecimiento del 6,61% y es el nivel más alto desde que el Banco de España recoge datos.
Estos datos se pueden poner en relación con el uso de tarjetas. El pago con tarjeta sigue ganando terreno en España y ya ha superado los 67.289 millones de euros y los 2,1 millones de operaciones en el tercer trimestre, lo que supone alcanzar máximos históricos, según las estadísticas de sistemas de pago del Banco de España.

Límite 1.000 euros, en un entorno de elevada inflación

Denaria defiende aumentar el umbral aceptado de pago en efectivo, y considera muy positivas las recomendaciones de las instituciones europeas a lo largo de los últimos meses (en particular el Parlamento de la UE), que consideran que lo adecuado sería establecer un límite de 10.000 euros.
Por otra parte al reducido nivel de efectivo establecido en España (1.000 euros), hay que tener en cuenta que desde la aprobación de la Ley 11/2021 en julio de 2021, y hasta abril de 2024, la inflación acumulada ha sido del 16,3%).
Existen numerosos países de la UE en que no hay límite al pago en efectivo, entre ellos Alemania, principal economía de la UE, y otros en los que el límite es sensiblemente superior, como pueden ser los casos de:
- Polonia y Croacia, con un tope de 15.000 euros.
- Reino Unido permite pagar sin restricción aunque a partir de 15.000 libras el usuario debe presentar identificación.
- República Checa: máximo de 14.000 euros.
- Serbia y Albania, con un máximo de 10.000 euros para el uso del efectivo.
- Eslovaquia cuenta con dos tipos de restricciones: No superiores a 5.000 euros entre profesionales y particulares y de 15.000 euros para personas físicas que actúen con fines ajenos a su negocio.
- Bulgaria: el límite se encuentra en los 5.100 euros. En caso de excederse, se debe pagar a través del banco.
- Rumanía, por su parte, cuenta con un límite diario de 2.260 euros.
- Muchos otros países europeos no cuentan con un tope a la utilización del dinero en metálico.

Prohibición de pagar en efectivo (comercios y administraciones que no dejan pagar en efectivo)

A pesar de que esta práctica vulnera la Ley General de Consumidores de Usuarios (artículo 47.1, apartado ñ), hay que seguir poniendo en conocimiento de los consumidores la obligatoriedad del pago en efectivo por Ley: dos tercios desconocen su existencia.
Y sobre todo, concienciar a las Administraciones Públicas (en muchas ocasiones no permiten el pago de los servicios y actividades con dinero en efectivo, y especialmente llamativo es que numerosas administraciones del ámbito local regulen en sus ordenanzas la imposibilidad de pagar en efectivo el uso de las instalaciones deportivas o culturales.), pero también que grandes empresas del transporte no permitan su uso (líneas aéreas, transporte en autobús o ferrocarril….).
Especialmente llamativo es que numerosas administraciones del ámbito local regulen en sus ordenanzas la imposibilidad de pagar en efectivo el uso de las instalaciones deportivas o culturales.
El canal de denuncias creado por Denaria es un elemento de gran utilidad que hay que optimizar). Es un trámite muy sencillo, y sobretodo gratuito para los denunciantes/perjudicados.

Con el fin de que los ciudadanos puedan presentar con facilidad una reclamación cuando vean rechazada la posibilidad de pagar con dinero en efectivo, Denaria habilitó un canal gratuito de denuncias en su página web, www.plataformadenaria.com, en el espacio: “Le ayudamos a presentar su denuncia”. Asimismo, Denaria facilita a los ciudadanos la posibilidad de realizar las denuncias a través del número de teléfono, el 900 20 44 20, así como el correo electrónico denuncias@plataformadenaria.com.

No obstante, en la página web de Denaria hay un link explicando el proceso y motivando el asunto: https://www.plataformadenaria.com/no-me-dejan-pagar-en-efectivo/

La responsabilidad para la supervivencia del efectivo es múltiple: de los consumidores (para ello Denaria ha habilitado un canal de denuncias), del Gobierno (debería establecer un servicio universal, tal y como sucede con Correos o las Telecomunicaciones), del Banco de España y del conjunto de las Administraciones Públicas, muy en particular, de Diputaciones Provinciales y de Ayuntamientos.

3. ¡¡¡¡Paga en efectivo, es tu derecho!!!!

El aumento de la oferta es fundamental, y la mejor manera es incrementando el número de oficinas, o al menos el de cajeros; en menor medida, otras prácticas como el cashback o el cash in shop, o alianzas con instituciones de elevada capilaridad como pueden ser Correos o las redes de estancos, farmacias, loterías, etc.
Las encuestas reflejan que los ciudadanos demandan un aumento de la atención personal en bancos y un incremento de los horarios de apertura.

Fomento de la colaboración público-privada para mejorar el acceso al efectivo

El incremento del número de cajeros, con unas entidades financieras que continuamente persiguen una mayor eficiencia en costes y una mejora de su rentabilidad, pasa por potenciar la colaboración público-privada entre las entidades financieras e instituciones como son las CCAA, la FEMP o las diputaciones provinciales, o con los grandes líderes del sector de cajeros independientes desplazados (Ejemplo es Euronet).
Estas actuaciones comenzaron a adquirir cierta relevancia especialmente a partir de 2020, cuando empezaron a surgir diversas iniciativas desde una perspectiva regional y municipal. A grandes rasgos, se trata de iniciativas para facilitar el acceso al efectivo y a otros servicios bancarios básicos dentro de sus territorios mediante ayudas para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos. Administrativamente se articulan principalmente mediante procesos de licitación pública, ya sean expedientes de contratación con sus correspondientes pliegos, o mediante aprobación de bases reguladoras de ayudas o subvenciones a empresas privadas, principalmente entidades financieras, bajo el régimen de libre concurrencia.
A nivel de Comunidad Autónoma, se han dado iniciativas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana, etc.
Son procesos de colaboración en los que tanto las Comunidades Autónomas, pero especialmente las diputaciones provinciales, juegan un papel fundamental, al ser éstas las encargadas de proveer de servicios al entorno rural y a los pequeños municipios.
Lo normal es que haya un régimen de cofinanciación por el que la Comunidad Autónoma financie una parte, las diputaciones otra, y los municipios aporten únicamente el espacio físico en el que se ubicará el cajero. Respecto a la financiación, no siempre, pero es muy habitual que ésta tenga su origen en Fondos Europeos, principalmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Finalmente, y por su relevancia y potencial de cobertura geográfica, los acuerdos que distintas entidades financieras han ido alcanzado, en distintos momentos del tiempo, con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, que cuenta con una red de 4.665 puntos de atención al ciudadano (2.386 oficinas y 2.279 puntos de atención rural), que pueden ofrecer servicios bancarios presenciales a más de 600.000 personas en cerca de 600 municipios sin sucursal bancaria.

Distancia máxima entre cajeros

Para mejorar el acceso al efectivo de todas las personas, debe promoverse el establecimiento de una distancia máxima entre cajeros.
La medida se encuentra regulada en otros países europeos (Suecia, Holanda, Reino Unido…) y debería tener en cuenta las situaciones específicas en cada territorio, como disponibilidad de transporte público, edad de la población, acceso a banda ancha, clima, servicio postal, puesto que la diversidad dificulta el establecimiento de una distancia concreta.

Nota: según el informe del BCE (Report of the Euro Retail Payments Board on Acces and Acceptance of Cash, 2021), las organizaciones de consumidores a nivel europeo coinciden en que no debería haber una distancia superior a 5 km entre dos cajeros, siempre teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y la densidad poblacional.

Reforzar la apuesta por la educación financiera

Alertando de los peligros del pago digital (ausencia de privacidad, deterioro del medio ambiente, mayor dificultad para ahorrar…), y de las elevadas comisiones que se cobran.
Es muy importante potenciar el conocimiento de las ventajas del efectivo entre los jóvenes, que cada vez van tomando una mayor conciencia de los problemas del pago digital.

El efectivo es beneficioso para el Medio Ambiente

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado en diciembre de 2023 un estudio sobre la huella ambiental de los billetes en euros como instrumento de pago.

El estudio revela que la huella ambiental media de los pagos con billetes fue de 101 micropuntos (µPt) por habitante de la zona del euro en 2019, lo que equivale a conducir 8 km en coche, o al 0,01 % del impacto ambiental total de la actividad anual de consumo de un europeo.
El estudio mide el posible impacto ambiental de todas las actividades que forman parte del ciclo completo de los billetes en euros, desde la adquisición de las materias primas, hasta la fabricación, distribución y circulación de los billetes y su retirada por los bancos centrales nacionales (BCN) de la zona del euro.
Los factores principales que contribuyen a la huella ambiental de los billetes en euros como medio de pago son el consumo de energía en los cajeros automáticos y el transporte, seguido del procesamiento de los billetes por los Bancos Centrales Nacionales, la fabricación del papel y la comprobación de su autenticidad en las tiendas.
La larga vida útil de los billetes y su utilización para numerosos pagos hacen que el impacto de su fabricación sea menor que el de su transporte y distribución.
El Eurosistema ha asumido el compromiso de hacer que los billetes en euros sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente, asegurando al mismo tiempo que el efectivo esté ampliamente disponible y sea generalmente aceptado.

Utilizar el efectivo no es sinónimo de fraude

Es fundamental desligar el efectivo del fraude. Existe una creencia de que el efectivo está ligado al fraude fiscal, lo que no tiene sentido teniendo en cuenta que el 90% de los pagos son ya digitales.
Denaria considera que si desde la pandemia ha aumentado la recaudación tributaria, especialmente por IVA, no es debido a una mayor utilización de pagos con tarjeta, más bien se debe a que servicios básicos como son los diferentes suministros (luz, gas, etc.) redujeron el tipo del IVA; desde Denaria creemos que lo sucedido es un claro ejemplo de cumplimiento de la teoría de Laffer.
Por otra parte, no tiene recorrido vincular el efectivo al fraude cuando la normativa actual, claramente restrictiva, solo permite el pago en efectivo por importe de 1.000 euros, y además, existe una amplia normativa que monitoriza el movimiento de fondos (convenios OCDE entre países, o instrucciones de los Bancos Centrales).

Pagos digitales y algunas de sus consecuencias

La revolución digital ha cambiado los hábitos y las formas de relacionarse de la sociedad.

La tecnología ha transformado el mundo a un ritmo insólito y así seguirá; en los últimos años, y especialmente tras la pandemia del Covid-19, ha experimentado un importante auge el comercio electrónico, y por lo tanto los pagos digitales.
No obstante, esta realidad supone un incremento del volumen de datos que las compañías manejan y almacenan respecto a los datos de sus clientes, lo que conlleva una pérdida de privacidad de los ciudadanos y sobretodo, aumenta el riesgo para los consumidores y empresas de sufrir robos o malos usos de sus datos personales.
La realidad muestra que el crecimiento acelerado de la banca digital tiene una correlación con el de los intentos de estafas. Los últimos datos recogidos en la Memoria de Reclamaciones del Banco de España en 2022 así lo acreditan.
En línea con las crecientes formas de comercio y compras en línea, España ha sido testigo de un incremento sustancial en las modalidades de criminalidad agrupadas bajo el término de cibercriminalidad. En especial, las estafas cometidas a través de medios informáticos han experimentado un auge notable.Finalmente, desde Denaria tenemos claro que la transición digital en nuestro país no se trata de una opción sino de una necesidad para que nuestro país se garantice un crecimiento económico sostenible y los ciudadanos vean mejorado su bienestar. Ahora bien, esta transición digital debe ser inclusiva, no dejando aparte a importantes segmentos de la población, como pueden ser los mayores o la población con rentas bajas.
Y también debe abordar importantes retos como pueden ser el control de los límites de edad para el acceso a determinados servicios (por ejemplo, la venta “on line” en el caso de menores de edad), tipo de contenidos considerados nocivos para la infancia o la juventud, medidas para evitar el acceso no autorizado a contenido protegido, etc.
En este sentido, Denaria considera que la rapidez con la que se está desarrollando la transición digital conlleva riesgos pues no cuida aspectos que afectan especialmente personas vulnerables como son los jóvenes, que aumentan su exposición y acceso a plataformas con contenido para adultos sin un adecuado control, plataformas en las que es necesario pagar con instrumentos digitales, y que son un ejemplo claro de que no todo lo que es digital u “on line” tiene un control riguroso.
Por otra parte, si queremos una economía digital próspera y pujante, la confianza de los consumidores es fundamental, y ello pasa por que se garantice el control de sus datos a las personas y se mantengan seguros los mismos. La confidencialidad e integridad de los datos constituyen los pilares de la privacidad.
A futuro nos enfrentamos a importantes desafíos como son la Inteligencia Artificial o el hecho de que las redes sociales sean la principal fuente de información de muchas personas. En este contexto la transparencia y la ética pasan a ser elementos fundamentales a la hora de diseñar una transformación digital orientada a las personas.

4. Euro digital. Posición de Denaria (resumen de carta remitida por el Presidente de Denaria a la Presidenta del BCE):

En relación con el contenido de las propuestas legislativas de la Comisión Europea relativas al curso legal del efectivo en euros, y al marco jurídico para el establecimiento del euro digital, Denaria tiene una posición basada en los siguientes aspectos:

Denaria valora positivamente la intención de la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre la moneda de curso legal de los billetes y monedas en euros de garantizar que "la forma física del dinero del banco central, el efectivo en euros permanezca presente, disponible y aceptado por todos los residentes y empresas de la zona del euro”.
No obstante, Denaria considera que las propuestas legislativas de la Comisión no garantizan una convivencia armónica entre el efectivo y el euro digital, al establecer un marco regulatorio diferente en cuanto a su aceptación y acceso, lo que en opinión de Denaria se traducirá en una discriminación del euro físico frente al euro digital, favoreciendo una implantación masiva de éste, en lugar de complementar al dinero físico.
Denaria considera muy preocupante el punto de partida de la Comisión Europea al afirmar que el euro físico no es suficiente en una economía digitalizada y que esto afecta a su funcionalidad como ancla monetaria del dinero de los bancos comerciales; esta importante afirmación sirve para justificar de forma errónea una propuesta legislativa que legitima un sistema con dos formas de dinero público con regulaciones diferentes.
Denaria también quiere incidir en que, siendo la regulación del curso legal del efectivo un reconocimiento formal destinado a asegurar su aceptación obligatoria como medio de pago, este reconocimiento no va acompañado de medidas coercitivas que aseguren su aceptación, tal y como va a ocurrir ocurre con el euro digital, cuyo ordenamiento jurídico está ligado a su distribución, acceso y uso. Para Denaria, el esquema legal que protege el efectivo debería establecer de forma más clara la obligatoriedad de aceptación del euro físico minimizando las excepciones a acuerdos bilaterales pactados efectivamente.
Por otra parte, si uno de los objetivos de la propuesta es asegurar que el efectivo siga siendo una parte vital del sistema de pago, a Denaria le preocupa que el actual estatus de moneda de curso legal del efectivo no garantice una aceptación confiable y universal del efectivo, así como un acceso amplio y fácil; la realidad es que la infraestructura de acceso al efectivo se está deteriorando en toda la eurozona. Para Denaria es claramente insuficiente que los EEMM únicamente se vean obligados a intervenir con medidas correctoras cuando el nivel de no aceptación de pagos en efectivo socave el principio de aceptación obligatoria.
Si no se establecen urgentemente medidas legislativas de protección que fortalezcan significativamente el estatus de moneda de curso legal del efectivo en euros, y éstas no se aplican efectivamente, las economías de la eurozona y sus ciudadanos podrían perder la infraestructura de dinero público del Banco Central, lo que podría traducirse en una pérdida de un método de pago establecido, confiable, resiliente y ampliamente adoptado, tal y como vienen reflejando diferentes encuestas.
Así mismo, entendiendo que todas las formas de dinero requieren la intervención de mediadores privados en su distribución, es en las diferencias de acceso y uso de cada sistema de distribución donde reside el problema estratégico del efectivo frente a otros medios de pago, incluido el nuevo euro digital. A diferencia de la Propuesta sobre el euro digital, en el caso del efectivo no existe una obligatoriedad para los diferentes agentes que participan en su distribución, lo que podría menoscabar el acceso de los ciudadanos a billetes y monedas en euros en el caso de que la infraestructura del efectivo actualmente en manos privadas pudiera deteriorase por falta de viabilidad económica.
En este sentido, Denaria, a diferencia de lo que hace la Propuesta de la Comisión, considera fundamental la existencia de una simetría regulatoria en relación con el sistema de distribución de dinero público en cualquiera de sus formas, de tal forma que existan unas obligaciones para los bancos comerciales que permitan asegurar la distribución del efectivo en condiciones de igualdad.
Finalmente, Denaria entiende que una de las grandes ausencias del paquete legislativo es la consideración del efectivo como respaldo del sistema monetario, en la medida en que el euro digital, como cualquier otro elemento sujeto al funcionamiento de redes y sistemas electrónicos, comparte vulnerabilidades similares en el universo digital; la consideración del efectivo como elemento relevante en términos de seguridad geopolítica debería garantizarse mediante medidas que no están contempladas en el paquete legislativo de la Comisión.

Como resumen, Denaria considera que la propuesta legislativa de la Comisión Europea supone una clara apuesta institucional por el dinero digital público, lo que es difícilmente compatible con la idea de complementariedad entre efectivo y el euro digital, conduciendo inevitablemente a un menor uso del efectivo al no garantizar de forma efectiva su estatus legal, aceptación, acceso y distribución.

Si se pretende garantizar la pervivencia del dinero en efectivo y el digital deben implantarse medidas concretas para que todos los ciudadanos europeos tengan acceso al efectivo en igualdad de oportunidades.

Últimas reflexiones en relación a la introducción del euro digital

En septiembre de 2020 el Consejo de gobierno del BCE aprobó la Eurosystem Cash Strategy, en la que se afirmó que ”El efectivo es una parte importante de la libertad para elegir cómo pagar y es esencial para la inclusión financiera de todos los grupos de la sociedad. Nuestra estrategia de efectivo tiene como objetivo garantizar que el efectivo siga estando ampliamente disponible y aceptado como medio de pago y depósito de valor”; señalando que tanto el BCE como los bancos centrales nacionales ”tienen la responsabilidad fundamental, junto con el sector bancario, en asegurar un suministro fluido del cash y facilitar su uso en los pagos de las personas y las empresas”.
Para cumplir con sus objetivos se establecieron varias líneas de actuación, entre las que destacan:
- Asegurar el acceso al efectivo por las personas en todo momento.
- Los bancos deben proporcionar servicios de efectivo adecuados, incluidos retiradas de efectivo que sean gratuitas o impliquen solo una tarifa razonable
- Asegurar que el efectivo sea aceptado en todas partes, como una parte vital del sistema de pagos, lo que está en línea con su status de curso legal.
Estas premisas u objetivos chocan frontalmente con el hecho de que constantemente se sigan cerrando cajeros en los países de la UE, y en España, en concreto, desde 2008 y hasta el final de 2023, se han cerrado casi 30.000 oficinas bancaria y el número de cajeros se ha reducido en un 30%; por otra parte, soluciones alternativas a las tradicionales propuestas, como cash back, cash in shop, o servicios de retirada de efectivo a través de las redes postales, hasta la fecha se han demostrado claramente insuficientes para corregir esa tendencia.
Por tanto, el balance de la Eurosystem Cash Strategy no ha sido satisfactorio para España. Cuatro años más tarde de su aprobación cae su acceso y uso, no existe un plan de back up del sistema monetario basado en el cash, aún no se ha regulado el curso legal del euro físico, ni tampoco existe una estrategia homogénea sobre su aceptación obligatoria como medio de pago, entre otras medidas, siendo las administraciones públicas las que ponen más trabas a su aceptación como medio de pago, y sin rectificación de las limitaciones impuestas a los pagos en metálico, esos 1.000€ que están muy lejos de los 10.000€ recomendados por las instituciones europeas, y además en sentido contrario al dictamen del propio BCE de marzo de 2022, en el que se señalaba, entre otros argumentos, que ”El límite de pagos en efectivo de la ley dificulta notablemente la liquidación de operaciones legítimas mediante el uso de efectivo como medio de pago, con lo que compromete el concepto de curso legal consagrado en el Tratado. Además, como enseña la experiencia en la Unión, ciertos medios de pago sin efectivo pueden sufrir interrupciones temporales, pues se basan en la infraestructura técnica manejada por proveedores de servicios de pago. Ante tales contingencias, puede ser preciso efectuar operaciones en efectivo que excedan las limitaciones a los pagos en efectivo”.
Y que ”Una de las formas en que pueden suprimirse de hecho los billetes en euros es establecer un umbral de prohibición del efectivo tan bajo que ponga en peligro la viabilidad económica de este como medio de pago general y comúnmente aceptado y el funcionamiento del ciclo del efectivo, lo que también afectaría en definitiva a las operaciones por debajo del umbral”. ”Tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros. Además, este límite del pago en efectivo reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago”.
En una de las propuestas del Single Currency Package puede leerse que ”El crecimiento de los pagos electrónicos, tendencia acelerada por la COVID-19, ha provocado una disminución de los pagos en efectivo y la reducción de las redes de cajeros automáticos (ATM) en un número de Estados miembros significa que existen riesgos para el acceso al efectivo”.
Y más recientemente, en un documento de febrero de 2024 firmado por tres altos cargos del BCE, se señalaba que ”el declive en el uso de billetes para transacciones diarias también reducirá la demanda estructural de billetes”, ”la utilidad de la custodia de valor depende de la facilidad para gastar el dinero. El declive en el uso de los billetes conlleva el riesgo de reducir su atractivo como un valor de custodia a largo plazo”” en medio del declive del uso de billetes, es probable que el crecimiento nominal de billetes en circulación disminuya o incluso sea negativo. Esto podría conducir a un escenario de declive del dinero del banco central en relación con el PIB”.
Aportando como dato significativo que en el año 2023 el valor de los euros físicos en circulación disminuyó en términos nominales, en 5.000 millones de euros, por primera vez desde su creación en 2002.
En este contexto negativo contrasta el apoyo decidido de los bancos centrales por un medio privado de pago, los pagos instantáneos, y la apuesta asimétrica por el euro digital en perjuicio del euro físico.
A su vez, la Comisión Europea, en una reciente propuesta de regulación, señaló que ”El pleno despliegue de IP es uno de los principales elementos de la estrategia de pagos minoristas del BCE”. En este sentido, algunos bancos centrales han hecho público su firme respaldo a este medio de pago rompiendo su neutralidad tradicional, lo que Denaria denuncia al ser claramente discriminatoria para el dinero de curso legal.
Esta opinión se confirma con el hecho de que el BCE haya asignado recursos 1.200 millones de euros para el desarrollo de soluciones técnicas para la infraestructura del euro digital, mientras no asigna recursos para garantizar o mejorar el acceso al efectivo. La cifra señalada es una partida muy superior a la del coste del ciclo del efectivo en Europa, y a distancia sideral, como se ha señalado, de las necesidades actuales de aseguramiento del acceso y uso del cash en muchas zonas del territorio europeo.

5. Informe del Defensor del Pueblo publicado el 9 de mayo de 2024 “Retos de la inclusión financiera Servicios bancarios y personas vulnerables”:

Para Denaria es muy importante que la labor de análisis de la inclusión financiera no quede únicamente encomendada a la iniciativa privada a través del Observatorio de Inclusión Financiera que han puesto en marcha las patronales bancarias; por razones de independencia y de interés general, desde Denaria consideramos que esta tarea debería ser encomendada al Banco de España.

A continuación destacamos algunas de las consideraciones y conclusiones, que en opinión de Denaria, son muy relevantes, del Informe del Defensor del Pueblo, publicado en Mayo de 2024:

La exclusión financiera que se ha venido analizando es el resultado de la existencia de barreras –unas más claramente identificadas y otras de más compleja percepción– que afectan con particular intensidad a personas de diferentes colectivos y que, además, constituyen fenómenos dinámicos.
Por ello, resulta necesario contemplar la cuestión, al menos desde una triple dimensión: la legal (en manos de los poderes públicos y respecto de la que hay que tomar en consideración tanto la normativa sectorial como la de carácter transversal), la de gestión (fundamentalmente en manos de las entidades bancarias y en las del supervisor) y la de las medidas de salvaguardia (prevista por los poderes públicos y administradas por el supervisor).
La posibilidad de declarar ciertos servicios prestados por las entidades financieras, y más en -concreto los bancos, como servicios económicos de interés general no constituye una idea novedosa. A grandes líneas, esta figura se contempla en los artículos 14 y 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El ejecutivo de la Unión cataloga como Servicios de Interés Económico General (SIEG) aquellas actividades económicas que producen resultados en aras del bien público general y que el mercado no realizaría sin una intervención pública (o lo haría en condiciones distintas por lo que respecta a la calidad objetiva, seguridad, asequibilidad, igualdad de trato y acceso universal). La consecuencia de declarar un servicio como de interés general es que el operador estará obligado a prestar el servicio con el apoyo o no del Estado, decisión esta que es discrecional.

El Defensor del Pueblo considera que la situación actual y su previsible evolución aconsejan:

La definición de la operativa bancaria básica respecto de cualquier tipo de cuenta, así como las funciones asociadas al pago de impuestos y exacciones y el pago por suministros y servicios como servicios económicos de interés general.
Dicha declaración podría modularse teniendo en cuenta el entorno geográfico en que se debe prestar el servicio y las necesidades especiales de determinados colectivos, como, por ejemplo, asegurar una atención presencial para personas mayores o apoyos para personas con discapacidad.
La atribución de esta encomienda debería realizarse de manera que se favorezca la competencia, aún en los lugares menos poblados y de menor demanda.

En materia de atención bancaria y acceso al efectivo, el informe del Defensor del Pueblo destaca lo siguiente:

La relativa rapidez con la que esta evolución se ha producido –en apenas 15 años se han cerrado más de la mitad de las oficinas– y el alto nivel de bancarización de la economía española han desembocado en un problema social y económico de cierta magnitud en el que se entrecruzan tres vectores, muchas veces convergentes: el de la velocidad de adaptación a los cambios en la gestión del modelo presencial al tecnológico, el de la creciente digitalización de los pagos y su diferente ritmo de implantación entre los distintos grupos sociales (siendo verdad que se ha producido una «revolución de los pagos», esta no ha llegado a todos) y el factor territorial.
La reacción ante este choque ha motivado la puesta en marcha de una estrategia por parte de las entidades bancarias –en buena medida alentadas por las autoridades– y a varias iniciativas legislativas. Sin embargo, en lo sustancial, las iniciativas del propio sector ponen el foco en las alternativas a las oficinas presenciales (cajeros desplazados, agentes, ofibuses, etc.) y solo contemplan su mantenimiento como medida excepcional para no dejar demasiado al descubierto la retícula territorial en determinadas zonas.
Y, sin embargo, se ha hecho evidente que en el medio plazo la demanda de oficinas presenciales de proximidad en el conjunto del territorio no puede considerarse como una realidad superada. Ello es así por las necesidades derivadas de la atención a un amplio sector de la población que no se adapta bien al entorno digital o que, simplemente, no lo considera un sistema de relación igualmente seguro y prefiere disponer de dinero en metálico y gestionar sus finanzas de manera presencial.
En el caso de las personas mayores y de las personas con discapacidad que viven en ciudades medias y grandes será cuestión de determinar el grado de éxito que se logra con los programas de atención personalizada que las entidades están implantando. Para ello, parece necesario enfatizar el análisis desde el lado de la demanda y no solo desde el de la oferta, tal y como ha apuntado el Banco de España.
De hecho, esa labor de análisis no debiera quedar encomendada a la iniciativa privada, a través del Observatorio de Inclusión Financiera, que ha puesto en marcha las patronales bancarias, sino que por razones de independencia esta tarea tendría que residenciarse en el Banco de España y plantearse la exclusión financiera con una perspectiva integral.
Para el desarrollo de esta función, se ha señalado que el organismo supervisor debiera adoptar un principio de neutralidad tecnológica, puesto que no entra dentro de su mandato el desarrollo del impulso de la digitalización entre las entidades bancarias. Más bien, atendida su condición de garante del sistema, su función habría de estar dirigida a ponderar las ventajas que presentan las finanzas tecnológicas (Fintech) en términos de competencia y de mejora de la eficiencia con los riesgos de crear o profundizar nichos de exclusión si dicho modelo de negocio se convierte en el predominante.
En esta tesitura, la decisión crítica se produce en el momento en que se plantea la idea de cerrar la última sucursal en una población. Se trata de una medida que hasta hace no demasiado tiempo se consideraba una decisión estrictamente empresarial, resultado de los cambios en la estrategia de negocio, pero la movilización ciudadana y la mayor conciencia sobre la «España vacía» han hecho que social y políticamente se vea con otros ojos.
En la realidad geográfica española, con un alto porcentaje del territorio deshabitado junto al alto grado de dispersión de la población, parece aconsejable adoptar ciertas medidas de preservación, en lo posible, de los servicios presenciales. Por ello, debería establecerse como obligación la realización de un estudio de impacto antes de adoptar la decisión de cierre en este tipo de sucursales.
En el marco de la declaración de determinados servicios como de interés general, la normativa podría llegar a establecer la prohibición de cierre para ciertos supuestos –por ejemplo, cuando se supere una determinada distancia a la oficina más cercana o las comunicaciones no resulten fáciles–, buscando soluciones como compartir una oficina entre varias entidades. Así mismo, el cajero multicanal debería ser la solución más extendida, y no solo para los municipios de menos de 500 habitantes.
La gestión de los cajeros tiene una particular relevancia puesto que, junto a la atención en ventanilla, asegura el acceso al efectivo que continúa teniendo una alta tasa de utilización, especialmente entre las personas mayores, los jóvenes y las personas con menor nivel educativo.
Además, como han puesto de manifiesto diferentes informes, la disponibilidad de efectivo presenta varias ventajas en términos de facilitar el control de los gastos, porque favorece la intimidad, sirve de salvaguardia ante caídas de los sistemas de pagos digitales y, además, se le considera el método de pago de carácter más inclusivo y el más utilizado por las personas y familias en riesgo de exclusión social.
Esta situación ha propiciado que en el ámbito europeo existan ya países que han regulado o tienen proyectos de ley en curso para regular la provisión de puntos mínimos de acceso a efectivo, bien porque se consideraba que el escaso uso del mismo ponía en riesgo la viabilidad de la estructura de distribución (Suecia), bien para paliar el bajo número de oficinas por habitantes existentes en sus respectivos territorios (la propia Suecia, Finlandia y el Reino Unido).
En España las iniciativas parlamentarias en curso para garantizar la existencia de cajeros automáticos en municipios en riesgo de exclusión financiera, junto al desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección a los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (que contempla que el Gobierno, en colaboración con el Banco de España, promueva un plan de medidas para, entre otras cosas, evitar que el cierre de oficinas bancarias lleve aparejado el de sus cajeros automáticos externos), ofrecen la oportunidad de revisar la consistencia y distribución de la infraestructura de distribución de efectivo en todo el territorio y de hacer los ajustes convenientes.
Por lo que se refiere a las medidas alternativas para garantizar un cierto nivel de atención, como ya se ha apuntado, es preciso someterlas a un análisis continuado para comprobar su grado de aceptación y efectividad.
La red de oficinas de Correos alcanzaba a finales de 2022 las 4.774 unidades y, por lo tanto, puede suponer un refuerzo adecuado, principalmente para el desarrollo de determinadas operaciones (por ejemplo, pagos de impuestos, gestión de ingresos, etc.) y la provisión de efectivo. No obstante el Defensor del Pueblo conoce bien, a través de las quejas que tramita sobre el servicio de esta empresa en su condición de operador postal universal, que en las oficinas situadas en el ámbito rural se producen con frecuencia problemas por la reducción de los horarios de atención presencial, por lo que, si se pretende que esta colaboración suponga un elemento de cambio sustancial, sería necesario reforzar su capacidad de atención, especialmente en aquellos ámbitos territoriales en los que no exista infraestructura bancaria de proximidad.
El desarrollo fructífero de esta línea de colaboración requeriría de una labor de análisis –por parte de la empresa pública y de las patronales bancarias bajo la tutela del Banco de España– para determinar el alcance de la operativa bancaria que Correos puede asumir y, en función de los resultados obtenidos, abrir estas vías, más allá de una mera actuación como cash-back o cash-in-shop, a otros operadores con niveles de implantación territorial similares (por ejemplo, la red de estancos o la de puntos de venta del organismo de Loterías y Apuestas del Estado). Aunque se trata sin duda de una vía interesante, su principal debilidad está en que no puede garantizarse la disponibilidad de dinero cuando las personas interesadas lo requieran y que, al menos en lo que afecta al cash-in-shop, su implantación en España es todavía muy escasa para poder medir sus resultados.

El Defensor del Pueblo hace las siguientes consideraciones en materia de atención bancaria y acceso al efectivo:

La relación de los clientes con las entidades bancarias reviste un carácter de confianza que no es inmediatamente trasladable a un entorno como el digital, donde no se produce una relación interpersonal de carácter directo. Ello explica buena parte de las resistencias y temores que determinados segmentos de la población expresan por la operativa digital.
En estrecha unión con lo anterior, el proceso de fuerte contracción del parque de sucursales bancarias ha hecho que la sociedad repare en el carácter fundamental que dichas estructuras bancarias de proximidad tienen para su vida y en su capacidad de actuación cotidianas.
La tarea de monitorizar la calidad y capacidad de la atención presencial, así como de cada una de sus alternativas, debiera ser asumida con mayor protagonismo por el Banco de España, desde una perspectiva de análisis integral de los riesgos de exclusión financiera, para que lo debería recibir un mandato reforzado.
El proceso de cierre de la última sucursal o del último cajero en una población requeriría de un análisis de impacto y de la instauración de un procedimiento que permita al organismo regulador promover alternativas más eficientes e, incluso, en el marco de una previa declaración del servicio como de interés general, disponer su sustitución por una oficina o un cajero multimarca. De igual modo, la necesidad de garantizar la competencia aún en territorios con menor población aconseja igualmente decantarse por esta opción de recursos compartidos.
Resultaría adecuado aprovechar las iniciativas parlamentarias que se hallan en tramitación para garantizar la existencia de cajeros automáticos en municipios en riesgo de exclusión financiera, y lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 4/2022, para fortalecer las previsiones normativas sobre la infraestructura de distribución y acceso al efectivo en todo el territorio.
Para que la participación de la empresa pública Correos y Telégrafos en esta tarea resulte exitosa se requiere un refuerzo de sus medios en el entorno rural a fin de fortalecer su capacidad de atención. También deberían analizarse sus posibilidades para asumir otros servicios bancarios y, una vez testada la experiencia, examinar la oportunidad de reproducirla con otras entidades de perfil similar.
La implantación de las medidas alternativas al circuito bancario, conocidas como cash-back y cash-in-shop, deberían ser objeto de una revisión de la regulación al objeto de garantizar la seguridad jurídica, el marco de actuación de cada interviniente en el proceso y su virtualidad práctica como medida alternativa de proximidad.

En materia de restricción al uso del efectivo (límite de 1.000 euros):

El Defensor del pueblo recomienda realizar con carácter periódico evaluaciones sobre el impacto que la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la 6 Recomendaciones y propuestas de mejores prácticas bancarias y la financiación del terrorismo puede tener sobre determinados colectivos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, al objeto de emitir instrucciones que permitan cumplir los objetivos de esta legislación sin incurrir en exigencias desproporcionadas o excesivas.

En cuanto a la protección de los clientes financieros, el Informe del Defensor del Pueblo hace las siguientes consideraciones:

Espera que se reinicie con la mayor brevedad el procedimiento parlamentario de discusión y aprobación de la norma reguladora de la autoridad de defensa del cliente financiero, de modo que su efectiva puesta en marcha no se demore por mucho más tiempo.
Considera muy relevante la atención que se prestaba en el proyecto decaído a concretar los instrumentos prácticos para diagnosticar los problemas de exclusión financiera y ofrecer facilidades para el acceso de las personas afectadas.
Aboga por aprovechar dicho procedimiento legislativo para introducir en la norma ciertas previsiones que mejoren las posibilidades de ofrecer una solución ágil a determinados problemas de acceso y mantenimiento de las cuentas, especialmente con las cuentas de pago básicas.
Apunta a la conveniencia de establecer el principio de inversión de la carga de la prueba en el procedimiento para determinados casos en que se aprecie una particular indefensión del cliente o cliente potencial, así como en aquellos en que se realicen alegaciones de discriminación que se aprecien como indiciariamente fundadas.
Entiende que la autoridad de defensa del cliente financiero debiera recibir un mandato reforzado para examinar casos bajo las previsiones de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, incluyendo la previsión de que sus resoluciones en este ámbito tengan siempre carácter vinculante.
Anima a que en el nuevo proyecto de ley se preste especial atención a las modalidades prácticas de colaboración entre organismos supervisores y la nueva autoridad a constituir, con el objetivo final de mejorar la coordinación, tanto en la fase de diagnóstico sobre la evolución de la exclusión financiera en todas sus vertientes como en la de evaluación de las medidas que se vayan poniendo en marcha para superarla.

Respecto a la atención a las personas con necesidades especiales:

Manifiesta su confianza en que el ritmo de los trabajos de adaptación de los instrumentos y la operativa bancaria a las disposiciones sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios contenidas en la Ley 11/2023, de 8 de mayo, permita su plena operatividad antes de su entrada en vigor en junio de 2025.
Considera el protocolo firmado entre la Fiscalía General del Estado y las patronales bancarias para mejorar la protección patrimonial de las personas con discapacidad o en otras situaciones de vulnerabilidad una iniciativa loable para hacer realidad el pleno goce de sus derechos por parte de estas personas y seguirá con interés los documentos que emita su Grupo de Trabajo.
Estima que cuando la autoridad de defensa del cliente financiero inicie su actividad resultaría oportuno que esta se vinculara a dicho Grupo de Trabajo, tal y como ya lo está el Banco de España.

En materia de formación financiera para la adaptación a los cambios tecnológicos:

Considera muy necesario el desarrollo de planes de educación financiera, aunque no puede pretenderse que esta sea por sí misma la solución a los problemas de exclusión financiera.

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