El presidente de la plataforma Denaria, Javier Rupérez, ha pedido al Gobierno que suprima cualquier tipo de límite en el uso del efectivo para no perjudicar la vida cotidiana de los ciudadanos. En la actualidad, existe un tope para el uso del dinero físico fijado por ley en 1.000 euros, mientras que un dictamen del Banco Central Europeo (BCE) critica severamente esta restricción, que afecta a toda la población y, sobre todo, a los más vulnerables.

En un foro celebrado en la sede de la APM en Madrid, Rupérez solicitó también al Ejecutivo que estreche la vigilancia sobre las empresas privadas y públicas que no cumplen con la obligación legal de aceptar el efectivo como medio de pago y lo ha defendido «como garantía a un modelo de convivencia entre dinero público (efectivo) y dinero privado (tarjetas), que se ve amenazado por una agresiva digitalización».

Javier Rupérez destacó durante su intervención que «el efectivo sigue siendo el método principal de pago para un número muy importante de consumidores en España». En este sentido, señaló que el 64% de los españoles utiliza a diario el dinero físico en sus pagos, el doble que la tarjeta de débito o de crédito y que el 82% se muestra a favor de una sociedad con efectivo, según un reciente estudio del Banco de España. Recordó que, según el Banco Central Europeo (BCE), el efectivo se utilizó en el 59% de las transacciones en puntos de venta en 2022.

El presidente de la plataforma denuncia que empresas del sector público, el privado e incluso la Administración no aceptan el pago en efectivo, contraviniendo la ley. Indicó que el euro digital genera muchos interrogantes en lo que se refiere a las consecuencias en la vida cotidiana de ciudadanos y empresas. «Interrogantes como si el euro digital sustituirá al euro físico, por qué querrían los consumidores utilizar el euro digital, las consecuencias que tendría la emisión de un euro digital para el sector bancario o cuál es el calendario previsto para la introducción del euro digital».

Privacidad

En cuanto a la privacidad de los medios de pago, advirtió que «las operaciones en efectivo respetan el derecho fundamental a la protección de datos y de la identidad y privacidad en asuntos financieros». Y subrayó que no existe ninguna evidencia que ligue el dinero físico con el fraude, y la prueba de ello es que mientras el efectivo se ha incrementado en los últimos años, el fraude ha registrado una senda descendente.

Subrayó que esta limitación cuantitativa de uso del efectivo, además, va en sentido contrario de lo defendido por la Unión Europea y lo visto en otros países de nuestro entorno. La Propuesta de Regulación para la Prevención del Uso del Sistema Financiero para el Lavado de dinero y la Financiación del Terrorismo, presentado por la Comisión Europea en julio de 2021, propuso armonizar en todos los estados de la Unión la cifra máxima para una transacción en efectivo en 10.000 euros. Una cifra muy baja puede afectar de forma negativa al euro en su condición de moneda europea de curso legal.

Algunos países han mostrado sus reservas a establecer cualquier tipo de límite al uso del dinero en efectivo, con el argumento de que este pertenece al ámbito de la libertad y privacidad de los ciudadanos. Esta evidencia se constata también a nivel internacional. Países nórdicos como Dinamarca y Finlandia no poseen límites al pago en efectivo y, sin embargo, los niveles de economía sumergida son muy reducidos y alejados de la media europea. En Alemania, donde un porcentaje cercano al 80% de las transacciones se realiza en efectivo, tampoco hay limitaciones al uso de efectivo, y tiene un nivel economía sumergida considerablemente inferior al de España.

En el mundo rural y también en el urbano

Rupérez lanzó una advertencia en cuanto a las dificultades de acceso al efectivo. «Denaria considera que el problema no solo se circunscribe al mundo rural, sino también al urbano, y no solo en lo que se refiere al acceso al efectivo, sino también a su posibilidad de uso». En este sentido, indicó que la plataforma debe analizar «cómo se está cumpliendo el protocolo firmado en febrero de 2022 por parte de las asociaciones del sector bancario, en lo que se refiere a que las entidades financieras garanticen la inclusión financiera y la atención personalizada de las personas mayores y las que se encuentran en una situación vulnerable».

Sobre el euro digital, María Sáenz de Buruaga, consultora de Deloitte, ha afirmado que «aumentará la brecha digital, la dificultad será enorme». Añadió que «hay incertidumbres y dudo que su uso se pueda asimilar igual que el de las tarjetas actuales.»

Pilar Clavería, de la AEB, ha dicho que la «brecha digital existe, no necesariamente entre lo urbano y la rural», y que «es responsabilidad de todos que la sociedad no se quede atrás». Subrayó que «el euro digital no aumentará la brecha, va a ser otra herramienta».

Respecto al euro digital y a las criptomonedas, Sáenz de Buruaga ha dicho que «son antagónicas; las criptomonedas no se ven como sustitutos de los medios de pago, son activos de inversión y no han superado las expectativas».

Pedro Manuel Mosquera, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ha recordado que «el BCE ha dicho que el euro digital no va a ser una criptomoneda» y espera que «sea el antídoto para frenar actividades de los ciberdelincuentes».

Retirar efectivo en otros establecimientos

Fernando Zunzunegui, especializado en regulación financiera, ha subrayado que el dinero en efectivo «es un servicio esencial» y ha destacado que los ayuntamientos de más de 500 habitantes tienen que tener acceso al efectivo. Ha sugerido que el Banco de España estudie la posibilidad de que los ciudadanos puedan retirar efectivo en establecimientos no financieros y ha afirmado que «lo digital va a ser un complemento al efectivo, ya que la moneda es intrínseca al ser humano y no desaparecerá».

En otra de las mesas del foro, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha criticado el hecho de que «tengamos que pagar 600.000 euros anuales a dos entidades financieras para que mantengan 33 cajeros en otras tantas localidades de menos de 500 habitantes de su provincia. En ellas se realizaron 62.000 movimientos en 2022 que sumaron 8,5 millones de euros, según Javier Aureliano. Por eso, ha pedido que se regule la colaboración público-privada y que los bancos asuman esta tarea a través de sus fundaciones sociales. «Es un dinero que se ahorraría la Administración y que podría utilizar para otras necesidades».

María Molina, de la Asociación de Usuarios Financieros, ha dicho que «no siempre la mejor solución es el dinero digital; son alternativas no excluyentes».

Roberto Muñoz, de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, ha explicado que suman unas 3.200 sucursales y cuentan con 1,6 millones de socios. «Nuestro tamaño es como el del Banco Sabadell o Bankinter». También abogó por estudiar la posibilidad de sacar dinero en efectivo en locales o en los propios ayuntamientos en los pueblos más pequeños.

 

Fuente: ABC, La Voz de Cádiz.