Ante el aumento exponencial del fraude relacionado con los nuevos pagos digitales, la Plataforma Denaria insiste en la necesidad de construir un marco regulatorio que defienda el uso del efectivo como infraestructura esencial para la economía y factor de competencia ante la creciente dependencia de los métodos de pago digitales. Los colectivos representantes de personas mayores y personas con discapacidad reiteran la importancia de la permanencia del efectivo como método de pago.

Entre el 2016 y el 2020 las denuncias por delitos relacionados con la ciberdelincuencia han pasado de 92.716 a 287.963, es decir un 210% y, en concreto, el fraude, dentro de estos delitos, ha ascendido un 267%. Y es que “el aumento de la ciberdelincuencia ha sido evidente tanto cuantitativa como cualitativamente”, según apunta el comandante Alberto Redondo, Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Sobre la tipología de afectados,” no hay un patrón específico” asegura, “los que no conocen muy bien las tecnologías van con más cuidado y en cambio usuarios habituales o personas jóvenes son menos precavidos”.

En esta línea, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, aseguran que “las personas con discapacidad están más expuestas a este tipo de estafas digitales” y reclama que para proteger a los colectivos más vulnerables “impere el principio de la libertad de elección entre distintas alternativas, efectivas, a criterio de la persona. A tal fin, solicitan “blindar legalmente el uso del efectivo con el fin de que conviva con el dinero electrónico, sin restricciones y sin privilegiar un medio en detrimento de otro”.

Por su parte, la  Confederación Española de Organizaciones de Mayores recuerdan que “es imprescindible que el pago tradicional siga existiendo y no se pierda, más sino se está ofreciendo a las personas mayores una formación adecuada y de calidad para estar más protegidos ante los fraudes digitales”.

La Plataforma Denaria apoya estas peticiones e insiste en que “es importante construir un marco regulatorio que establezca la obligatoriedad de aceptar el dinero en efectivo, como garantía de inclusión social, alternativa de pago, como una infraestructura crítica y esencial para nuestra economía, así como un factor de competencia en una situación de creciente dependencia de los métodos de pago digitales”.