A prop\u00f3sito de la modificaci\u00f3n de la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley del Derecho a la vivienda obligando a pagar el alquiler por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n
El Proyecto de Ley por el Derecho a la vivienda modifica, Disposici\u00f3n final primera, la Ley 29\/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, redactando el art\u00edculo 17,3 en los siguientes t\u00e9rminos: \"3. El pago se efectuar\u00e1 a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electr\u00f3nicos de pago y a solicitud de esta, se podr\u00e1 efectuar en met\u00e1lico y en la vivienda arrendada\". La limitaci\u00f3n al uso del efectivo lo introduce la Ley 7\/2012, de 29 de octubre, de modificaci\u00f3n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci\u00f3n de la normativa financiera para la intensificaci\u00f3n de las actuaciones en la prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude.<\/p>\n
En su Exposici\u00f3n de Motivos, el legislador indicaba que: \"la utilizaci\u00f3n de medios de pago en efectivo en las operaciones econ\u00f3micas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios, \u2026. Favorece la opacidad de las operaciones y actividades y su ocultaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n. Frente a tales comportamientos, la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos debe encaminarse no solo a la detecci\u00f3n y regularizaci\u00f3n de los incumplimientos, sino tambi\u00e9n a evitar que estos incumplimientos se produzcan, haciendo hincapi\u00e9 en los aspectos disuasorios de la lucha contra el fraude\". En consecuencia, el art\u00edculo 7 prohib\u00eda pagar en efectivo m\u00e1s de 2.500 euros cuando alguna de las partes era empresario o profesional. 15.000 euros cuando el pagador fuera persona f\u00edsica no residente y no fuera empresario o profesional. Posteriormente, la Ley 11\/2021, de 9 de julio, de transposici\u00f3n de la Directiva (UE) 2016\/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, reiteraba en su Exposici\u00f3n de Motivos que: \"\u2026 la utilizaci\u00f3n de medios de pago en efectivo en las operaciones econ\u00f3micas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios...\".<\/p>\n
Siguiendo esa tesis, su art\u00edculo 18 modific\u00f3 la Ley 7\/2012, de 29 de octubre, rebajando el anterior umbral de 2.500 euros a 1.000 euros y de 15.000 euros a 10.000 euros, respectivamente. Por lo tanto, hasta el presente las limitaciones al uso del efectivo se justificaban porque pretend\u00edan atajar y combatir comportamientos defraudatorios, delictivos, en definitiva, criminales, para no favorecer la opacidad de sus operaciones, actividades y su ocultaci\u00f3n. Y, decimos hasta ahora, porque la modificaci\u00f3n de la Ley de Arrendamientos Urbanos persiste en demonizar el uso del efectivo y nos suscita varias reflexiones. Una primera, si nos fijamos en el perfil de los destinatarios de la norma, porque las rentas de los arrendamientos en las que alguna de las partes fueran empresarios o profesionales superiores a 1.000 euros ya ten\u00edan prohibido su pago en met\u00e1lico por la Ley 11\/2021, con lo cual no se comprende limitar totalmente el uso del efectivo sin respetar aquella cifra. Es discriminatoria, si la comparamos con otras actividades mercantiles, sin que se eval\u00fae el impacto que pueda tener en sectores financieramente excluidos, sin considerar la funci\u00f3n de inclusi\u00f3n social que el efectivo desempe\u00f1a para sectores vulnerables de la sociedad, porque se necesita tener cuenta en una entidad de cr\u00e9dito o financiera a trav\u00e9s de la cual pagar la renta.<\/p>\n
La segunda, porque sorprende este impulso descarado a la ya de por s\u00ed intensa bancarizaci\u00f3n de la vida cotidiana, menoscabando el derecho al uso del efectivo como elemento clave de la libertad para escoger el medio de pago, olvidando su conexi\u00f3n con el ejercicio de derechos fundamentales cuando funciona como elemento de inclusi\u00f3n social. Una tercera, porque la obligaci\u00f3n, como principio general, de pagar los alquileres a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos -por transferencia, tarjeta de cr\u00e9dito o d\u00e9bito, etc.- supone la quiebra del concepto de curso legal de los billetes y monedas de euro que, por defecto, deben ser aceptados y que, por ello, las normas que limitan su uso se deben establecer por motivos de inter\u00e9s p\u00fablico, no necesariamente vinculados al orden p\u00fablico, y ser proporcionales al objetivo que se pretende, aplic\u00e1ndose sin rebasar los l\u00edmites de lo necesario para su logro y para que, cuando se tenga que elegir entre varias, se utilice la medida menos gravosa, ponder\u00e1ndose cuidadosamente los efectos de las limitaciones frente a los beneficios que se esperan obtener.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la persecuci\u00f3n al uso del efectivo para que el inquilino pueda atender como mejor le convenga el pago de sus obligaciones, supone desnaturalizar los argumentos que hasta ahora apoyaban las leyes limitativas que, como hemos visto, ten\u00edan objetivos y justificaciones concretas: prevenir y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, en definitiva, actuaciones delictivas que se podr\u00edan considerar \"motivos de inter\u00e9s p\u00fablico\". Por si todo lo anterior fuera poco, la modificaci\u00f3n de la Ley de Arrendamientos Urbanos, podr\u00eda infringir los art\u00edculos 3.1,c) y 119 a 144 del Tratado Fundacional de la Uni\u00f3n Europea, al quebrarse el respeto al curso legal de los billetes y monedas en euro que implica su capacidad para liberar obligaciones de pago, y contraviene la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que proscribe la negativa a aceptar el pago en efectivo, tipificando como infracci\u00f3n esa prohibici\u00f3n, art\u00edculo 47.1,\u00f1).<\/p>\n
Como conclusi\u00f3n tenemos que ampliar la cuesti\u00f3n que enuncia estas l\u00edneas: \u00bfPor qu\u00e9 est\u00e1 exigencia s\u00f3lo para la vivienda?, \u00bfpor qu\u00e9 se anula el tope de 1000\u20ac?, \u00bfpor qu\u00e9 se presume fraude en los pagos de alquiler de viviendas y no en otras actividades? En definitiva, \u00bfpor qu\u00e9 se ha introducido esta modificaci\u00f3n legal, que se pretende regular y qu\u00e9 fines se persiguen?, porque llevada a su extremo, \u00bfqu\u00e9 prima m\u00e1s, la supuesta persecuci\u00f3n contra el fraude o la protecci\u00f3n al consumidor vulnerable? Falso dilema que evidencia las contradicciones del legislador.<\/p>\n