Las cr\u00f3nicas period\u00edsticas dicen que Sam Altman, CEO de Open AI, empresa desarrolladora de ChatGPT y DALL-E, se reuni\u00f3 en La Moncloa con Pedro S\u00e1nchez para hablar del futuro de la inteligencia artificial y, en concreto, sobre la Ley IA pendiente de aprobaci\u00f3n en la Uni\u00f3n Europea y con la que el empresario estadounidense afirm\u00f3 estar dispuesto a colaborar. En Madrid manifest\u00f3 que \u201cla inteligencia artificial es tan peligrosa como las armas nucleares\u201d, y por eso apoya su regularizaci\u00f3n. Sin embargo, m\u00e1s tarde, en una conferencia en Londres aclar\u00f3 que retirar\u00eda sus servicios de Europa si no consideraba adecuadas las regulaciones de la UE.<\/p>\n
No hay raz\u00f3n para desconfiar del noble prop\u00f3sito de brindar su apoyo a poner coto a una invenci\u00f3n que adoptar\u00e1 vida propia de forma paulatina, pero tampoco hay raz\u00f3n para obviar el hecho de que su posici\u00f3n le permite reclamar una regulaci\u00f3n y colaborar. Es evidente que se crear\u00e1 una normativa ad hoc por el impacto de la IA en la libertad de las personas, en la privacidad y en la seguridad, y es de inteligencia natural adelantarse a ello. Cuanto antes se produzca, m\u00e1s habilidades se crear\u00e1n para contrarrestar los efectos nocivos del invento y antes podr\u00e1 saber el empresario de la IA los impactos que producir\u00e1 la regulaci\u00f3n en su negocio. Pero la recomendaci\u00f3n no es tan neutra como aparenta. Precisamente, en pleno debate sobre la privacidad y la libertad de elecci\u00f3n que la IA produce, en Espa\u00f1a hemos tenido un ejemplo de que, si un Gobierno puede utilizar la tecnolog\u00eda para controlar, lo hace. Unas veces de forma abierta y otras, encubierta. El hecho sorprendente es que aquellas personas que prefer\u00edan, en el ejercicio libre de sus derechos, pagar el alquiler de su vivienda con la moneda de curso legal y en efectivo, ya no podr\u00e1n hacerlo porque la nueva Ley de la Vivienda se lo impide. Esta ley modifica la disposici\u00f3n final primera, la Ley 29\/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, y redacta el art\u00edculo 17,3 en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEl pago se efectuar\u00e1 a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electr\u00f3nicos de pago y a solicitud de esta, se podr\u00e1 efectuar en met\u00e1lico y en la vivienda arrendada\u201d.<\/p>\n
Varios expertos ya han afirmado que la modificaci\u00f3n de la Ley de Arrendamientos Urbanos podr\u00eda infringir los art\u00edculos 3.1,c) y 119 a 144 del Tratado Fundacional de la Uni\u00f3n Europea al quebrarse el respeto al curso legal de los billetes y monedas en euro, que implica su capacidad para liberar obligaciones de pago y contraviene la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que proscribe la negativa a aceptar el pago en efectivo, tipificando como infracci\u00f3n esa prohibici\u00f3n (art\u00edculo 47.1,\u00f1). Por tanto, en primer lugar, es una ley que contradice frontalmente a otra ley y, en segundo t\u00e9rmino, con esta nueva Ley de Vivienda Espa\u00f1a ser\u00e1 el primer pa\u00eds de la zona euro en prohibir de forma espec\u00edfica el uso del euro f\u00edsico como medio de pago.<\/p>\n
Los euros entraron en circulaci\u00f3n en el a\u00f1o 2002. Hoy en d\u00eda es la moneda de veinte pa\u00edses de la UE y de m\u00e1s de 346 millones de europeos; y, adem\u00e1s, hay un asunto geoestrat\u00e9gico muy relevante: el euro es la segunda divisa de reserva en el mundo (en billetes f\u00edsicos). Y justo a punto de asumir la presidencia europea, en Espa\u00f1a se limita su uso en una parte de la econom\u00eda sin motivo alguno conocido o expresado p\u00fablicamente.<\/p>\n
Exist\u00eda ya una limitaci\u00f3n de los pagos superiores a los 1.000 euros, es decir, los arrendamientos superiores a esa cantidad y donde alguna de las partes fuese un empresario o un profesional ya ten\u00eda prohibido su pago en met\u00e1lico por la Ley 11\/2021; por tanto, es evidente que la nueva afectar\u00e1 sobre todo a los pagos por debajo de esa cantidad, que son m\u00e1s propios de trabajadores y de la clase media. No tiene ning\u00fan sentido.<\/p>\n
El efectivo es un bien b\u00e1sico y el acceso a \u00e9l un servicio universal, como las telecomunicaciones, la energ\u00eda o correos. Varios grupos de poblaci\u00f3n necesitan el dinero en efectivo y otros, tambi\u00e9n numerosos, no quieren prescindir de \u00e9l. Es el medio de pago m\u00e1s usado como confirman los datos del Banco de Espa\u00f1a y del Banco Central Europeo (BCE). Y no se trata de una costumbre espa\u00f1ola, porque tambi\u00e9n cuenta con un apoyo mayoritario en Suiza, donde su Gobierno quiere garantizar la disponibilidad de dinero en efectivo a trav\u00e9s de su Constituci\u00f3n y permitir\u00e1 que los ciudadanos decidan en un refer\u00e9ndum de car\u00e1cter nacional. Suiza es el pa\u00eds con m\u00e1s apego al efectivo del mundo, y sus ciudadanos mantienen una media de 11.000 euros en papel moneda cada uno. Mientras los principales bancos del mundo estudian la creaci\u00f3n de versiones digitales de sus monedas, Suiza promueve justo lo contrario.<\/p>\n
El Gobierno espa\u00f1ol ha tomado partido por una opci\u00f3n de pago concreta frente a otra contraviniendo su propia normativa, de manera que con su decisi\u00f3n sobre el pago de los alquileres reduce las alternativas a los ciudadanos y establece sin motivo una incomprensible discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
Los medios de pago en Espa\u00f1a conviven con el dinero efectivo y as\u00ed lo demuestra la cantidad de transacciones en moneda que se materializa diariamente. Es una repuesta libre a un hecho cotidiano que ahora la Ley de Vivienda restringe y que ha pasado casi inadvertido por la distracci\u00f3n informativa que siempre generan los procesos electorales.<\/p>\n
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Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin<\/p>\n